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El dinero destapado por el fisco tras revisar a multinacionales sube un 50%

Hacienda aflora 3.700 millones tras 189 inspecciones a grandes corporaciones

Jesús Sérvulo González

La Agencia Tributaria recrudeció el año pasado la lucha contra las prácticas fiscales abusivas de las multinacionales extranjeras en España. Hacienda afloró 3.700 millones de euros tras 189 inspecciones a estas grandes corporaciones, que se sirven de recovecos legales para pagar menos impuestos. El dinero destapado en 2016, que se incorpora a la base imponible, supone un alza del 50% respecto a 2015. La oficina nacional de fiscalidad internacional (ONFI) fue creada en 2013 para combatir los excesos de estas corporaciones. Compañías como Google, Apple o Microsoft tienen abiertas inspecciones por Hacienda.

Una de las sedes de Google en Madrid durante el registro de Hacienda en junio de 2016
Una de las sedes de Google en Madrid durante el registro de Hacienda en junio de 2016Kike Para

El 30 de junio del año pasado una treintena de funcionarios de la Agencia Tributaria irrumpió en la planta 26 de la Torre Picasso, donde está la sede de Google en España. Buscaban indicios de fraude fiscal tras analizar las cuentas de la compañía y comprobar que la filial española del gigante tecnológico apenas pagaba impuestos a pesar de obtener ingresos millonarios en nuestro país. Aunque desde Google insisten en que cumplen escrupulosamente la legislación fiscal y niegan cualquier atisbo de fraude, lo cierto es que este tipo de corporaciones está bajo el foco de las autoridades tributarias europeas por sus agresivas estrategias para reducir su factura fiscal.

Google no es la única que ha sido investigada en España. La Agencia Tributaria tiene inspecciones abiertas a las sucursales españolas de algunas de las grandes corporaciones informáticas y de Internet como Apple, Amazon, Microsoft y Yahoo, según reflejan estas firmas en sus cuentas anuales. Hacienda también investiga a las filiales de otras grandes corporaciones de otros sectores. “Cada vez hay más inspecciones y multas a multinacionales”, advertía Néstor Carmona, director de la oficina nacional de fiscalidad internacional (ONFI), el brazo de Hacienda para combatir los excesos de estas empresas, unos días antes de que algunos de sus inspectores entraran en Google.

Desde la Agencia Tributaria han aumentado el control sobre estas empresas globales, que se sirven de sus filiales para trasladar los beneficios a lugares con los impuestos más bajos. La estrategia comienza a dar resultados. El año pasado, la ONFI participó en 189 comprobaciones inspectoras, casi un 60% más que el año anterior. A finales de 2016 había finalizado casi la mitad de las actuaciones inciadas (93) que supusieron ajustes, en base la imponible de unos 2.500 millones de euros respecto a actuaciones meramente presenciales. A esta cantidad habría que añadir otros 1.200 millones en actuaciones donde la ONFI ha tenido una participación fundamental en el asesoramiento y asistencia de otras delegaciones de la Agencia Tributaria, sobre todo de la Delegación central de grandes contribuyentes, que también juega un papel fundamental en este tipo de inspecciones.

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En total, la ONFI, integrada en el Departamento de inspección financiera y tributaria de la Agencia, afloró unos 3.700 millones de euros tras inspecciones a multinacionales extranjeras, un 48% más que el año anterior, cuando se destaparon unos 2.500 millones. Desde su constitución, en la primavera de 2013, la ONFI ha destapado más de 8.100 millones de euros. Esta cantidad no aumenta directamente la recaudación de Hacienda si no que se suman a la base imponible sobre la que se aplican los tipos de gravamen.

La actividad principal de este departamento de Hacienda consiste en resolver cuestiones de especial complejidad tributaria o casos de relevancia en materia de fiscalidad internacional. La oficina de fiscalidad internacional también intervino en los acuerdos previos de valoración sobre precios de transferencia (APA). Una serie de pactos que Hacienda alcanza con las empresas para reducir la litigiosidad y otorgar mayor seguridad jurídica.

Los precios de transferencia son una técnica contable que utilizan las grandes multinacionales mediante las licencias o royalties con las que trasladan sus ingresos de un país a otros y bajar así su tributación. La revisión de los precios de transferencia y la negociación de los acuerdos previos sobre estos es una de las labores principales de la ONFI.

El año pasado esta oficina participó en 126 acuerdos previos de valoración de los que 22 han sido estimados y han supuesto garantizar bases imponibles por casi 3.400 millones de euros, un 21% más que en 2015. “En los próximos años se prevé un elevado crecimiento del número de APA a tramitar, en línea con lo que viene sucediendo en los países de nuestro entorno”, explican fuentes de la Administración tributaria.

La Agencia Tributaria dispondrá de más información

La conciencia fiscal colectiva ha crecido como consecuencia de la crisis y conocerse los abusos fiscales de algunas multinacionales. Las instituciones internacionales advierten sobre estas corporaciones que usan estrategias tributarias para trasladar sus beneficios a otras países para pagar menos impuestos.

Por eso, los grandes países europeos, de la mano de la OCDE, firmaron el año pasado un acuerdo multilateral que contenía medidas del plan de acción BEPS, (erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, en inglés).

Gracias a este acuerdo, España comenzará a recibir este año información sobre los tax rullings, los acuerdos especiales que logran las empresas con otros países. Y con los que burlan la doble tributación. España recibirá a partir de 2018 los informes “país por país”, que obliga a las multinacionales, que facturen más de 750 millones, a especificar los impuestos impuestos que pagan en todos los Estados donde tienen actividad.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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