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Los auditores obligan a cambiar un concurso en Canarias que restringía la competencia

El Instituto de Censores Jurados y Auditores de Cuentas (ICJCE) reclamó ante el servicio de defensa de la competencia canario, que le dio la razón

Mario Alonso.
Mario Alonso.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que agrupa a buena parte de los auditores, ha conseguido cambiar los términos de un concurso de una empresa pública canaria que vulneraba los principios de competencia y libre concurrencia. Desde el Gobierno canario han admitido la debilidad del pliego de condiciones de la empresa pública de transportes de Tenerife.

La historia arranca en julio de 2016 cuando la empresa pública Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U. (TITSA) publicó el pliego de condiciones para la contratación del servicio de auditoria. Las empresas y profesionales que quisieran acceder al contrato debían acreditar una cifra de negocios anual igual o superior a 50 millones de euros en los últimos dos años, una cuantía que superaba en más de 1.368 veces el presupuesto máximo de licitación anual.

El ICJCE se quejó por las duras exigencias del contrato. Como no era suceptible de recurso en vía administrativa, Mario Alonso, presidente del instituto de auditores dirigió una carta a la dirección de TITSA instando a modificar las condiciones del concurso que restringían la competencia. TITSA accedió a modificar el criterio de solvencia económica. En las nuevas condiciones estableció que los licitadores debían acreditar una facturación anual superior a 35 millones en trabajos de auditoría, un requisito que el instituto seguía considerando exagerado.

Ante la dificultad de alcanzar un acuerdo con la empresa pública, el ICJCE remitió otra carta al Servicio Canario de Defensa de la Competencia. En su denuncia, el instituto solicitó a este organismo "la adopción de las medidas necesarias para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, transparencia y existencia de una competencia efectiva en el mercado". Finalmente el supervisor canario le ha dado la razón al instituto. 

“El procedimiento de licitación presentado por TITSA limitaba la competencia y la libre concurrencia de las firmas de auditoría”, manifiesta Mario Alonso Ayala, presidente del Instituto. Y agrega: “Valoramos la reacción mostrada por el Servicio Canario de Defensa de la Competencia, que ha reconocido la vulneración de los principios de contratación del sector público, denunciada por nuestra institución”.