España, a la cola en tributación ambiental

España es uno de los países europeos que menos importancia otorga a los impuestos medioambientales. Los últimos datos sobre el tema difundidos por la oficina estadística europea (Eurostat), correspondientes a 2014, sitúan a España como el sexto país de los Veintiocho con la menor tributación sobre la polución, el transporte, la energía o el uso de recursos naturales, los cuatro capítulos impositivos que la Unión Europea considera como medioambientales.

España ingresó unos 19.251 millones por impuestos verdes en 2014, el equivalente al 1,85% del PIB frente al 2,5% de la media de la UE. La mitad de este tipo de impuestos lo pagaron los hogares al abonar el recibo de la luz y al rellenar el depósito del coche de gasolina o diésel.

Resistencia institucional

En los últimos años casi todos los organismos internacionales — La Comisión Europea (CE), el FMI, el Banco Mundial (BM) o la OCDE— han apremiado al Gobierno del PP a elevar este tipo de impuestos.  El Gobierno del PP ultima un nuevo impuesto sobre hidrocarburos para satisfacer las demandas de estos organismos. Aunque aún se desconocen los detalles, el Ejecutivo aseguró a Bruselas que recaudaría unos 500 millones más con tributos verdes.

Un reciente estudio denominado Las Nuevas Reformas Verdes concluye que "la fiscalidad ambiental aún no ha logrado desempeñar un rol relevante en la reforma fiscal internacional, debido a restricciones de carácter institucional". El estudio, elaborado por los académicos Alberto Gago, Xavier Labandeira y Xiral López-Otero, añade que "en el caso español, los impuestos ambientales han tenido hasta el momento un papel poco relevante. El Gobierno siempre ha sido reticente a incorporar estos instrumentos y cuando la ha hecho ha sido de forma tangencial, para resolver problemas recaudatorios y regulatorios puntuales, lo que provoca que en la actualidad España ocupe los últimos lugares en el ránking europeo de utilización de estos impuestos".

Hasta 32.800 millones más de ingresos

El informe sostiene que "la evidencia académica muestra grandes posibilidades para estos impuestos en España, con incrementos recaudatorios importantes (entre 1.600-32.800 millones de euros), reducciones en las emisiones de CO2 de hasta el 2.5% y con impactos reducidos sobre el PIB y el empleo".

Los académicos achacan a las inercias normativas de la Administración española y a otros problemas de competitividad el atraso en imposición ambiental. Explican que las dificultades a las que se enfrenten las autoridades tributarias al establecer un nuevo impuesto son mayores que al reformar uno existente. Y recuerdan que España es un país muy dependiente de la energía exterior y más impuestos encarecería los costes y lastraría la competitividad a corto plazo. Otros expertos señalan a la presión de los sectores afectados para que las administraciones no eleven los tributos.