Las comunidades elevan de 49 a 76 sus impuestos propios con la crisis

El tsunami económico que asoló la mayoría de las economías mundiales a partir de 2008 se llevó por delante un buen bocado de la recaudación tributaria. Millones de personas perdieron su empleo, con lo que se resintió la recaudación por IRPF; bajó el consumo y con él, los ingresos por IVA o impuestos especiales. Las arcas de las comunidades autónomas sufrieron esta sangría. Para paliar en parte esa caída de ingresos, los Gobiernos autonómicos echaron mano de su capacidad normativa en materia de impuestos para modificar los tramos de los impuestos estatales sobre los que tienen competencia y, en especial, para crear nuevos tributos. Durante la crisis, el catálogo de impuestos propios de las comunidades de régimen común –País Vasco y Navarra tienen un régimen especial, el foral - creció año tras año. Pasó de 48 figuras en 2008 a 76 en 2015, según los recuentos del Ministerio de Hacienda. En 2016 se mantienen 75. Sin embargo, la recaudación por estos conceptos de nueva creación tuvo efectos limitados en sus cuentas, dado que tan solo suponen alrededor del 2% de sus ingresos tributarios.

La capacidad normativa que la Constitución concede a las comunidades en materia de impuestos se materializa de dos formas: o modifican los impuestos estatales –elevando o bajando los tipos, creando o eliminando bonificaciones o reducciones sobre la parte de los tributos sobre las que tienen competencia- o sacan de la chistera nuevos tributos por distintas actividades o conductas. A ambas modalidades recurrieron las autonomías durante los años de la crisis, lo que ha ocasionado que la presión fiscal sea distinta según la región de residencia.

Se legisla mucho

No en vano, si en 2008 las comunidades habían recaudado 82.745,4 millones en impuestos, en 2010, el peor año de la crisis, la cifra cayó a 65.826 millones. Ya en 2013, al presentar su Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que publica anualmente, el Consejo General de Economistas observaba “una tendencia generalizada a suprimir o limitar deducciones y a subir tipos” de los impuestos estatales (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales). Si bien no se refería especialmente a los tributos autonómicos, dejaba caer que “se legisla mucho”.

Efectivamente, se legisló mucho. De los 48 tributos propios con que las autonomías redondeaban sus cuentas en 2008, se pasó a 76 en 2015 (79, según las cuentas del Consejo General de Economistas). Cataluña fue la comunidad que más creatividad le puso a eso de los impuestos propios durante la crisis. En 2007, apenas tenía vigentes cuatro figuras (un gravamen de protección civil, el canon del agua, el impuesto sobre grandes centros comerciales y sobre la disposición controlada de residuos municipales), que aumentaron a seis al año siguiente y a 14 en 2015 (13 en 2016), incluyendo gravámenes sobre las casas vacías, sobre las estancias turísticas o sobre “la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital”. Entre 2008 y 2016, Canarias pasó de gravar apenas los combustibles derivados del petróleo y los vertidos a fijar seis impuestos propios. Andalucía pasó de 5 a 8; La Rioja, de 2 a 5; la Comunidad Valenciana, de 2 a 4.

Durante esos años, Madrid y Murcia han sido las únicas que no han aumentado sus figuras impositivas. La comunidad de Madrid sigue teniendo las cuatro que tenía en 2008, año en que eliminó dos tributos relacionados con el juego.

“Tiene lógica. Hay que tener en cuenta que durante la crisis cayó la recaudación y además, el sistema de financiación autonómica hace que no puedan quedarse con todos los ingresos fruto de la subida de los tramos autonómicos de otros impuestos. Así que es lógico que intentasen aumentar los ingresos por medio de impuestos cuya recaudación se iban a quedar en su totalidad”, afirma Luis del Amo, economista autor del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral.

Sin embargo, el recurso a estos tributos no sirvió demasiado para aliviar las cuentas de las autonomías. Así, en 2014, último año del que hay datos, los impuestos propios y los cedidos (Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Patrimonio) supusieron 2.069,45 millones de euros (Panorama de la fiscalidad, página 293) para el conjunto de las autonomías, apenas un 2,4% de los casi 86.000 millones de euros de ingresos tributarios totales de las Comunidades. De hecho, como señala el Consejo General de Economistas en su informe de 2016, “la recaudación obtenida por ciertos tributos no cubre los costes de gestión de los mismos, dada la escasa cuantía percibida”.