El Gobierno mexicano aplaza una nueva subida en los precios de la gasolina

El Gobierno mexicano ha cedido a la presión y ha aplazado la subida de los precios de las gasolinas para las próximas dos semanas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha anunciado este viernes que suspenderá los ajustes a los costes de los combustibles del 4 al 17 de febrero ante un panorama económico estable que le permite detener su calendario para la liberación de los precios de las gasolinas en todo el país. La medida llega después de que el Gobierno mexicano elevó, el 1 de enero, los montos máximos para adquirir combustibles hasta un 20%. El alza provocó numerosas protestas y llevó a los empresarios y a la clase política ha elevar las presiones sobre la administración del presidente Peña Nieto para evitar una nueva subida.

“La evolución reciente del tipo de cambio y del precio internacional de las gasolinas han creado las condiciones para mantener sin cambios los precios máximos durante el periodo señalado”, ha explicado la Hacienda mexicana en un comunicado. Inicialmente, las autoridades habían diseñado un calendario en el que los costes de los combustibles cambiarían semanalmente en los primeros 15 días del mes, para luego comenzar una fluctuación diaria a partir del 18 de febrero. El gobierno aún no ha descartado la posibilidad de continuar con el plan de liberación de precios en la segunda mitad del mes.

Para conseguir que los precios se mantengan estables durante las próximas dos semanas, la administración de Enrique Peña Nieto ha ordenado, mediante un decreto, estímulos fiscales —a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)— para quienes importen combustibles. Este medida, según el decreto, estará vigente hasta el 11 de febrero. Los precios máximos de las gasolinas en el país se mantendrá en 15,99 pesos por litro para el combustible Magna, 17,70 pesos para la gasolina Premium y 17,05 pesos para el diésel.

El anuncio del aumento de los precios para 2017 desató protestas y saqueos durante los primeros días del año. La Hacienda hizo público el calendario de ajustes tan solo cuatro días antes de emprenderlo, lo que elevó el descontento de buena parte de la población. La medida también impactó directamente en la inflación que durante las dos primeras semanas del año se situó en 4,78%, la más alta desde septiembre de 2012. Entonces, el ministro de Hacienda, José Antonio Meade, explicó que la subida de los costes se debía a la depreciación de la moneda mexicana y a la recuperación del mercado petrolero.

La reforma energética de México, aprobada en 2013, planteaba la apertura del mercado de las gasolinas para enero de 2018. Sin embargo, el Congreso aceleró el proceso para 2017 con la intención de incentivar la entrada de inversores privados a mercado de los combustibles. En los últimos 79 años, las gasolinas han estado bajo el manejo de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno ha mantenido subsidios para evitar una subida drástica de los combustibles. La apertura del mercado ha coincidido con la depreciación de más del 15% del peso mexicano ante el dólar –tras las elecciones en Estados Unidos– y la recuperación del barril de petróleo por encima de los 40 dólares por cada unidad.

Los consumidores en México no están contentos

El alza en los precios de las gasolinas ha afectado el índice de la confianza del consumidor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador cayó un 15% y se ubicó en los 68,49 puntos. Este es el registro más bajo del índice desde abril de 2004. “La caída en la confianza del consumidor está directamente relacionada con la toma de protesta de Donald Trump y sus amenazas hacia México, pero también se ve afectada por las presiones inflacionarias que se hicieron más evidentes al inicio del año, particularmente por el incremento en los precios de las gasolinas”, señala Gabriela Siller, analista del Banco BASE.

La agencia calificadora Moody’s ha advertido que la subida de los precios de los combustibles mermará el poder adquisitivo de los consumidores. Esto, señala la agencia, tendrá un impacto en las empresas que dependen del consumo local, es decir aquellas compañías dedicadas al comercio, la construcción y las telecomunicaciones.