Cómo imponer un ideario fiscal

La configuración del Estado de las Autonomías que nos otorgamos en 1978 es, quizás, el cambio organizativo del país más significativo que trajo la Transición. Esta descentralización se justificaba esencialmente por razones de eficiencia, puesto que suponía aproximar ciudadanos y gobiernos regionales. No obstante, para que esta nueva organización territorial fuese realmente efectiva se hacía imprescindible que los nuevos gobiernos fuesen competentes en la provisión del gasto público y corresponsables fiscalmente. Sin capacidad de gestionar el gasto público y sin capacidad normativa sobre los ingresos, el nuevo sistema, se decía, no funcionaría.

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Hoy las Comunidades Autónomas gozan de grandes capacidades en la gestión de su gasto y amplias competencias normativas en sus ingresos. Sin embargo, en opinión de algunos presidentes de Comunidad Autónoma: ¡el sistema no funciona! Y no funciona, dicen, porque es necesario dar un paso atrás y limitar la capacidad fiscal de las Autonomías. ¿Cómo? sugiriendo una armonización interregional que neutralice la diversidad impositiva.

Sin embargo, son muchos los argumentos en contra de esta uniformidad fiscal. En primer lugar, supone una injerencia inadmisible en las legítimas competencias normativas de los gobiernos autonómicos. Armonizar implica imponer un ideario fiscal a los futuros gobiernos regionales, limitando sus alternativas de política económica. Armonizar implica limitar la tipología de impuestos disponibles. Como en los buenos restaurantes, un menú amplio es siempre mejor que enfrentarse a una carta estrecha y escasa. Armonizar es imponer el plato del día. La competencia fiscal es dar la posibilidad de elegir entre el plato del día y una carta elaborada, amplia y variada, propia de un buen restaurante. Tener más opciones no puede ser malo.

Frente al voraz apetito recaudatorio de las Administraciones Públicas, la competencia fiscal actúa de contrapeso y restringe la capacidad de los políticos para subir impuestos. La competencia fiscal obliga a los gobiernos a recaudar mejor y a gastar de modo más eficiente y frugal. Los gobiernos sin competencia fiscal tienden, al igual que las empresas monopolísticas, a degradar los servicios que prestan, a despreocuparse de funcionar eficientemente y a fijar precios (impuestos) demasiado altos.

Los enemigos de la competencia fiscal tienden a resaltar las distorsiones que esta provocaría en la localización de bienes, inversiones y personas. Sin embargo, obvian que el mundo de tipos impositivos altos de su “armonización fiscal al alza” generaría ineficiencias más severas, al aumentar la evasión, la elusión o simplemente al reducir la actividad económica por una carga fiscal excesiva. Aceptar la propuesta armonizadora provocará, sin duda, un “race to the top” mucho más dañino que el temido “race to the bottom” al que aluden los defensores de la armonización.

La corresponsabilidad fiscal es consustancial al Estado de las Autonomías. Si la cuestión es armonizar, la perfecta es la de los Estados centralizados: un sistema fiscal y una política de gasto público igual para todos. Trastocar la autonomía financiera actualmente existente puede abrir un portillo a otras propuestas latentes de armonización como las que afectan a las inequidades en la prestación, entre otros, de la sanidad y educación. A lo mejor lo que está en crisis no es la política fiscal autonómica sino el propio Estado de las Autonomías.

José Félix Sanz Sanz es catedrático de Economía Aplicada de la UCM