Cesiones, acuerdos y gobierno

En las últimas semanas de 2016 hemos sido testigos de un proceso de diálogo, cesión y pacto que hace tiempo no veíamos. En contra de lo que muchos analistas preveían, el Gobierno del Partido Popular, en esencia el mismo que en la legislatura anterior en el área económica, está entendiendo lo que supone estar al frente de un gobierno en minoría que precisa de otras fuerzas políticas para avanzar. Y el partido socialista ha aceptado que, sin estar en el Ejecutivo, puede conseguir que salgan adelante parte de sus propuestas e ideas si juega inteligentemente. Ciudadanos ya se apuntó a esta lógica desde el principio y en ello sigue.

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La consecuencia de lo anterior son medidas que el Partido Popular no contemplaba en su programa y que, sin duda, le suponen una renuncia parcial a sus planes. La sustancial subida en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); el recurso a los impuestos para que el ajuste fiscal no recaiga de nuevo y fundamentalmente sobre los servicios públicos; el diálogo en la fijación del objetivo de déficit autonómico para 2017; o la apertura de un proceso de reforma educativa pactada son cuatro buenos ejemplos.

Y esto es algo francamente positivo. Primero, porque el clima de diálogo y pacto es la traslación razonable de la actual fragmentación electoral y, en última instancia, de las preferencias sociales. Segundo, porque tenemos un buen número de reformas pendientes para las que la existencia de un amplio consenso político garantiza estabilidad en el tiempo (no podemos estar cambiando la estructura de la casa cada cuatro años) y apoyo social (todas las reformas exigen el concurso y la cooperación de los afectados).

Me refiero, entre otras, a la reforma del sistema tributario español, que debería marcar un punto de inflexión como el que vimos en este ámbito en la década de los años ochenta. Hay que ponerse de acuerdo en una nueva estructura que luego permita optar por menús diferentes en función de la ideología de cada gobierno. Y lo mismo podemos decir de la de la financiación autonómica y local; en este segundo ámbito, acompañada por una revisión a fondo de la fallida reforma aprobada hace tres años. En lo que atañe a las pensiones, tenemos más camino transitado, pero necesitamos pactar los ajustes finos del sistema para los próximos años.

Finalmente, por el lado del gasto, toca introducir en el ADN de la Administración la cultura de la evaluación de inversiones y programas de gasto corriente para evitar disparates como los de la década pasada. Pero también la idea de que el emprendimiento no debe ser algo exclusivo del mundo de la empresa o de la sociedad. Los experimentos y la innovación son claves para adaptar la Administración pública a las nuevas realidades y demandas sociales.

Santiago Lago Peñas. Director de GEN (universidad de Vigo)