Rajoy prorrogará los Presupuestos para ganar tiempo en la negociación
El Gobierno se asegura el funcionamiento de las Administraciones Públicas en caso de no lograr un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2017
El Gobierno del PP prorrogará los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para tener más margen en la negociación política de las cuentas públicas, según admiten fuentes del Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo popular pretende presentar el proyecto de Presupuestos de 2017 a finales de enero o principios de febrero y mientras tanto seguir funcionando con las cuentas de 2016. El Gobierno tendrá que aprobar un decreto ley de prórroga. Esta decisión no impedirá subir el sueldo a los funcionarios, si así lo decide finalmente, revalorizar las pensiones un 0,25% o elevar los impuestos especiales o el de sociedades.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiso rebajar ayer la presión por aprobar de forma inmediata el proyecto de Presupuestos. "El Gobierno tiene tiempo suficiente para llevar a cabo los asuntos", manifestó el ministro en referencia a la aprobación del techo de gasto, el reparto de déficit de las comunidades autónomas y los Presupuestos de 2017. "Que se desprenda de nervios quien los tenga y que no se pongan nerviosos", agregó en alusión a Ciudadanos, que azuza al PP para que saque adelante las cuentas cuanto antes.
El Gobierno no tiene prisa en elaborar unas cuentas públicas. Montoro es consciente de las dificultades que implicará su aprobación con un Gobierno en minoría al que no le basta ni siquiera el apoyo de Ciudadanos para aprobar las cuentas de forma inmediata. Además, sabe lo complicado que sería alcanzar acuerdos en vísperas de las fiestas navideñas. En diciembre y enero es periodo inhábil en las dos cámaras legislativas y aunque podría funcionar con la diputación permanente, el Gobierno considera que no existe tanta urgencia para acelerar los trámites cuando aún no tienen ni cerrado el techo de gasto.
Los Presupuestos de 2017 suponen un doble desafío. Por un lado, debe contentar a Bruselas con un ajuste de unos 5.500 millones de euros, equivalentes al 0,5% del PIB para dejar el déficit público por debajo del 3,1%. Y por otro, ha comprometido subidas de gastos en el pacto de Gobierno con Ciudadanos y, además, tendrá que ofrecer otras compensaciones en forma de gasto social al PSOE o inversiones a los partidos nacionalistas para recabar su apoyo a la hora de sacar adelante las cuentas públicas. El encargo de cuadrar el círculo le toca a Montoro. Y este se encuentra en la clásica disyuntiva de tener que soplar y sorber al mismo tiempo. Tiene que recortar y subir el gasto en el mismo ejercicio.
Proyecto a finales de enero
Elaborar el proyecto de Presupuestos es una tarea ardua y compleja que no se hace en dos semanas. Y aunque Hacienda lleva tiempo trabajando en esta cuestión, hasta que no tenga cerrado el techo de gasto no puede comenzar a cerrar las cifras definitivas. Así que ha decidido prorrogar los Presupuestos de 2016, que seguirán vigentes durante las primeras semanas del próximo año. La idea del ministro de Hacienda es presentar el borrador de Presupuestos a finales de enero o principios de febrero y a partir de ahí comenzar la tramitación parlamentaria que durará un par de meses, entre enmiendas y convalidación por la Cámara Alta.
Un calendario apretado
- Próximo Consejo de Ministros. El Gobierno pretende aprobar el techo de gasto, el sostén sobre el que descansan los Presupuestos, el viernes 25 de noviembre o como muy tarde el 2 de enero. El día antes convocará a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar los objetivos de déficit del trienio 2017-2019.
La aprobación del techo de gasto del Estado es un procedimiento fundamental para iniciar la tramitación parlamentaria. En realidad la cifra no es tan relevante porque luego el Ejecutivo podrá no ejecutar todo el Presupuesto o aprobar créditos extraordinarios.
Sin embargo, para las comunidades la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria es importante porque sin ellos no pueden aprobar sus Presupuestos autonómicos y percibir los remanentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016 y las nuevas aportaciones del mismo, según explican fuentes del Ministerio de Hacienda.
- Ajustes a Bruselas. A continuación, en la primera semana de diciembre, el Ejecutivo tendrá que remitir a Bruselas el detalle del plan presupuestario con las medidas que garanticen el cumplimiento del déficit de 2017. En estas podrá incluir una subida de los impuestos especiales y una supresión de deducciones del impuesto de sociedades.
- Presupuesto en enero o febrero. El Gobierno presentará el proyecto para las cuentas de 2017 a finales de enero o principios de febrero. A partir de ahí comenzará la tramitación que podría prolongarse durante dos meses. De tal forma que la aprobación definitiva de los Presupuestos estaría para finales de marzo.
De esta forma, garantiza, además, que las Administraciones Públicas puedan seguir funcionando con independencia de que se alcance o no un acuerdo para aprobar las cuentas públicas.
El consejo de ministros tendrá que aprobar un decreto ley a finales de año para prorrogar las cuentas. Junto a esta norma podrá admitir otra con medidas que permitan ampliar algunos capítulos de gasto a 2017 para que no queden paralizados por estar circunscritos únicamente a 2016.
La revalorización de las pensiones de un 0,25% para el próximo año se producirá automáticamente por la ley que regula estas prestaciones. Otra cuestión es el sueldo de los funcionarios. Si Hacienda decide subir la nómina de los empleados públicos un 1% podrá hacerlo en el decreto de acompañamiento de la prórroga presupuestaria o dejarlo para cuando apruebe definitivamente las cuentas de 2017. Lo mismo ocurriría con otras partidas de gastos o ingresos. Montoro insistió ayer en que no subirá el IRPF ni el IVA pero admitió que explora suprimir deducciones en el impuesto de sociedades y subir algunos tributos especiales como el del tabaco o el de hidrocarburos. Las decisiones sobre impuestos podrían ir en el decreto de acompañamiento porque previamente tendrá que detallarlas a Bruselas. La Comisión exige a España que precise las medidas con las que recortará el déficit hasta el 3,1% del PIB el próximo año y el Gobierno tiene que remitírselas en la primera semana de diciembre.
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