Airbnb negocia contra reloj para salvar su negocio en Nueva York
La compañía ofrece a las autoridades exigir un registro a quienes alquilen sus casas para que puedan ser controlados
La presión de las autoridades de Nueva York está forzando a Airbnb a actuar para ayudar a combatir los alquileres que incumplan las normativas locales. La empresa quiere impedir que salga adelante una nueva ley que en la práctica prohibiría los alquileres de menos de 30 días, y por tanto afectaría duramente a su negocio. Propone, a cambio, velar para que se cumplan las reglas para compartir vivienda y, entre otras cosas, exigir un registro oficial a todos los que ofrezcan alojamiento en la ciudad. Ese registro sería accesible para las autoridades, de manera que puedan controlar las viviendas. Además, está dispuesto a impedir que los profesionales usen su plataforma y a recaudar una tasa.
En principio, los alquileres de menos de 30 días ya están prohibidos en Nueva York para las viviendas multifamiliares. Sin embargo, la regulación es complicada, está pensada para el largo plazo (no para los alquileres por parte de particulares a visitantes esporádicos) y tiene multitud de agujeros por los que se cuelan los usuarios de Airbnb. Para poner coto a los abusos, el Senado del Estado de Nueva York adoptó este verano un proyecto de ley que reforzará las multas hasta los 7.500 dólares. El gobernador Andrew Cuomo tiene hasta el 29 de octubre para firmarla.
Airbnb ya amenazó con llevar la legislación a los tribunales si se hacía efectiva, anticipando el efecto que tendrá para su servicio de viviendas alquiladas y compartidas. Considera que la medida legislativa se fraguó entre bastidores con la industria hotelera para protegerla. Su plataforma registró en agosto 45.000 viviendas o habitaciones en alquiler, lo que convierte Nueva York, de lejos, en el mayor mercado de Estados Unidos.
Así, la empresa ha respondido a la acción del legislativo proponiendo velar por una serie de reglas para compartir vivienda. Entre ellas destaca obligar a los usuarios que se anuncien en plataformas como Airbnb registrarse en un listado que será accesible para las autoridades. También se plantean medidas para limitar que los propietarios ofrezcan casas completas (y se favorezcan las habitaciones en pisos compartidos), para combatir el fenómeno de los hoteles ilegales y favorecer que aumenten las residencias disponibles para el alquiler por parte de residentes.
Asegurar los impuestos
La iniciativa de Airbnb hace también referencia a la recaudación de impuestos. De acuerdo con su propuesta, la compañía se encargará de recaudar la tasa de ocupación y la remitirá a las autoridades locales en nombre de los propietarios de la vivienda.
La propuesta pretende así parar el golpe antes de que sea demasiado tarde. El gobernador Cuomo, de hecho, evitó hasta ahora tomar parte en el intenso debate que acompañó la irrupción del servicio. La compañía, que los inversores valoran en 30.000 millones de dólares, considera que la propuesta legislativa será un castigo “a personas de clase media que tratan de llegar a final de mes”. Los legisladores que apoyan la propuesta responden a Airbnb diciendo que hizo el mínimo esfuerzo por combatir los alquileres ilícitos. “Su modelo de negocio se basa en violar la ley”, asegura Linda Rosenthal, la patrocinadora de la iniciativa.
Airbnb llegó ya a un acuerdo con la ciudad de Newark (Nueva Jersey) para hacer una aportación fiscal a sus cuentas públicas para rebajar así la tensión tanto con las autoridades locales como con los gestores de los hoteles. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, amenaza con ser más agresivo si los propietarios de los apartamentos optan por saltarse las reglas de juego.
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