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El Gobierno relaja el cierre del gasto a golpe de Consejo de Ministros

El Ejecutivo salva del cerrojazo presupuestario casi una veintena de partidas en apenas un mes

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Acuciado por el déficit, el Gobierno decretó a mitad de año el cierre de todos los gastos no comprometidos de la Administración central. La decisión no afecta a pensiones, prestaciones, contratos ya adjudicados o políticas protegidas por ley. Tampoco se aplica a partidas superiores a los 12 millones de euros, que se aprueban en Consejo de Ministros. Sin embargo, en los últimos cuatro Consejos de Ministros, el Ejecutivo se ha saltado esta orden con casi una veintena de excepciones. Aunque se trate de cifras pequeñas, a este ritmo el cierre contable, con el que se buscaba ahorrar unos 1.000 millones de euros, puede perder mucha eficacia.

Un viernes tras otro, el Ejecutivo salva un grupo de partidas de la orden de cierre de gastos que entró en vigor en agosto para satisfacer a Bruselas. El viernes pasado, el Consejo de Ministros abrió la mano para poder alquilar las aulas en las que se celebrarán las oposiciones a cuerpos penitenciarios y para poder abonar el seguro de responsabilidad civil de los vehículos de Tráfico. Además, se autorizó que los Ministerios de Economía y Empleo licitasen contratos y encomiendas como la limpieza, encuestas, informática o el mantenimiento del Centro Temporal de Inmigrantes de Melilla.

Tacita a tacita, en apenas un mes el Gobierno ya ha tomado casi una veintena de decisiones que entrañan nuevos desembolsos, desde 11.000 chalecos antibalas y 4.000 pistolas para la Policía Nacional al servicio de restauración de los cuarteles del Ejército de Tierra, pasando por servicios de seguridad, repatriaciones de inmigrantes, la subvención a la ruta aérea Menorca-Madrid en temporada baja o contratos del Museo del Prado y del Centro de Investigaciones Sociológicas para las encuestas de las elecciones gallegas y vascas. En general, son rúbricas pequeñas, inferiores a los 12 millones. Por ejemplo, un contrato de suministros para crear la Justicia Digital asciende al medio millón de euros, o el equipamiento de la Policía Nacional ronda los 7 millones. En buena parte de ellos ni siquiera figura la cantidad al estar pendiente de adjudicación.

“Estamos hablando de desembolsos ineludibles como los chalecos antibalas”, justifica un alto cargo. Estas situaciones subrayan la tensión que supone parar de golpe la administración y diluyen el esfuerzo de austeridad justo cuando hay que cumplir, sí o sí, con un nuevo objetivo de déficit ampliado en 20.000 millones de euros. Hacienda ya aplica con rigor la Ley de Estabilidad a las administraciones territoriales porque Bruselas ha exigido pruebas de ello para cuando se presente el plan presupuestario el 15 de octubre. Pero está por ver cuánto se puede controlar a unas comunidades que han vuelto a contratar trabajadores. Así que el cierre del gasto se antoja una herramienta esencial para asegurarse el cumplimiento.

A pesar de esta relajación con el cierre, fuentes del Gobierno defienden que el cerrojazo aún puede surtir efecto a la hora de reducir el déficit, si bien reconocen que una porción no menor de esos desembolsos se trasladará al año que viene, un ejercicio en el que hay que bajar el déficit en unos 15.000 millones. Con vistas a un decreto de prórroga de presupuestos, Moncloa estudia cuánto puede estirar el mandato de un Ejecutivo en funciones. También ha pedido a los ministerios informes sobre los imprevistos que puedan surgir, qué gastos hay que poner en marcha por fuerza o qué capítulos habría que subir como, por ejemplo, las pensiones.