El Parlamento alemán quiere saber si el Gobierno conocía el fraude de Volkswagen

El escándalo de las emisiones tóxicas de Volkswagen llegó este jueves al parlamento federal alemán, cuando una comisión especial de investigación inició sus trabajos para despejar una interrogante crucial, que puede tener consecuencias en el seno del Gobierno alemán y salpicar, incluso, a la canciller, Angela Merkel. Casi un año después de que estallara el escándalo, el Bundestag desea saber ahora si el Ejecutivo estaba al corriente de la manipulación de las emisiones de CO₂ y también cuándo se enteró Merkel de que el fabricante de coches había engañado a las autoridades de medioambiente estadounidense para seguir vendiendo sus modelos diésel en ese país.

La comisión de investigación, que fue creada a instancias de los grupos de la Izquierda y los verdes, ya acusó antes de iniciar oficialmente su trabajo, al ministro de Transportes y Comunicaciones, el socialcristiano Alexander Dolbrindt, de haber ignorado varias denuncias sobre la manipulación para proteger a la industria automotriz alemana.

El trabajo de la comisión de investigación llega después de que varios medios germanos denunciaran la semana pasada que el Gobierno federal estaba al corriente, al menos a partir de 2010, de que Volkswagen, y otros fabricantes, manipulaban las emisiones de sus coches diésel. Los medios citaron un informe firmado por el club automovilístico alemán, ADAC, enviado por escrito al Ministerio de Medio Ambiente, en el que se afirmaba que las empresas empleaban subterfugios para que los modelos diésel cumpliesen con los niveles de emisiones en las pruebas de laboratorio, pero no en las calles.

Descubierto en 2010

El informe de ADAC llegó a manos de los miembros de la comisión de investigación, que también cuenta con un documento escrito por Denis Pöhler, un experto en física ambiental de la Universidad de Heidelberg, que llegó a la misma conclusión. “La manipulación afecta a los modelos diésel de todos los fabricantes”, señala el experto, al recordar que el engaño había sido descubierto en el año 2010.

Los dos informes en poder de la comisión de investigación convencieron a sus miembros de que el Gobierno federal alemán podía estar al corriente de la manipulación y que no hizo nada para impedir el engaño, para no dañar los intereses de la industria automotriz germana, uno de los pilares del poderío económico del país.

El comité, que tiene de plazo hasta el otoño del próximo año para dar a conocer el resultado de sus investigaciones tiene un trabajo titánico por delante. Además de tener que luchar con el poderoso lobby automovilístico y con la poca interesada cooperación de la cancillería y del Ministerio de Comunicaciones y Transportes, debe analizar más de 800 archivadores repletos de informaciones, 400 de los cuales fueron clasificados como confidenciales.

El material confidencial escrito solo puede ser leído en dependencias secretas del parlamento federal, mientras que los archivos de libre acceso solo aportan informaciones casi irrelevantes, porque la mayoría de los documentos están tachados con marcas de tinta negra.

“Esto no es un proceso adecuado con nuestro trabajo de investigación”, admitió el presidente de la comisión, el diputado de La Izquierda, Herbert Behrens. “Toda la industria automotriz está involucrada en el engaño”, añadió, al dar a conocer el inicio del trabajo de la comisión.

La comisión también tendrá problemas para interrogar a figuras claves en el escándalo de Volkswagen. A causa de la resistencia de los miembros democratacristianos de la comisión, dos testigos clave en el escándalo, el actual jefe de Volkswagen, Matthias Müller y su antecesor en el cargo, Martin Winterkorn, no serán invitados a declarar. Pero la comisión tiene previsto invitar a declarar al actual ministro de Transportes y Comunicación, Alexander Dolbrindt y a la canciller, Angela Merkel.