Ciudadanos insta al Gobierno a abrir inspecciones para evitar que prescriba la amnistía

Ciudadanos presentará este miércoles en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno en funciones que ordene a la Agencia Tributaria que comience a enviar los requerimientos de información a los contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE), conocida como amnistía fiscal, antes de que prescriban las declaraciones.

Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos, recuerda que el próximo 30 de noviembre vence el plazo para que Hacienda pueda revisar las declaraciones de la amnistía porque se considerará prescrito. Habrán transcurrido cuatro años desde el fin del indulto tributario, plazo establecido legalmente para la prescripción de asuntos fiscales. "Entonces caducará el derecho de la administración para exigir el importe correcto, que tenían que haber pagado y no lo que pagaron realmente", explica De la Torre, que recuerda que "el Gobierno está en funciones pero la Agencia Tributaria no está en funciones".

Este es uno de los puntos del acuerdo entre el PP y Ciudadanos que quedó congelado tras fracasar la investidura de Rajoy. Desde la formación naranja explican que el PP pide que hay que mantener vigente el pacto para presionar al Gobierno a que actúe en este tema. Además, recuerdan las palabras de Rajoy a Rivera durante el debate de investidura: "El acuerdo al que hemos llegado recoge algunos compromisos que, por supuesto, estoy dispuesto, además de obligado, a cumplir".

La controvertida amnistía fiscal es una de las espinas que lleva clavada el Gobierno desde que la aprobó en 2012 y que más dolores de cabeza le ha dado desde entonces. Hacienda recaudó 1.200 millones de euros por el proceso de regularización, la mitad de lo previsto, y afloró 40.000 millones de patrimonio oculto por los 31.000 defraudadores que se beneficiaron del proceso. La polémica ventana para el indulto fiscal ofrecía generosas condiciones para los defraudadores: solo tenían que pagar el 10% para legalizar el dinero que mantenían oculto. La medida desató las críticas. El PSOE interpuso un recurso ante el Constitucional que aún está pendiente de resolución.

Pagar solo el 3% para legalizar lo defraudado

Pese a las condiciones favorables de la Declaración Tributaria Especial (DTE), el indulto no fue recibido con entusiasmo por los contribuyentes --en los primeros meses apenas se presentaron unas decenas de declaraciones--. Lo que llevó a Hacienda a flexibilizar aún más las condiciones. La Dirección General de Tributos emitió un informe, sin fecha ni firma, en el que aclaraba que los contribuyentes solo tendrían que pagar por los rendimientos de aquellos activos que ya estaban prescritos, lo que rebajó en la práctica el tipo efectivo de la amnistía del 10% al 3%. Es decir, los contribuyentes solo tenían que pagar el 3% para legalizar sus cuentas ocultas en Suiza.

Además, en el polémico informe de Tributos, sin fecha ni firma, se decía que las declaraciones no serían comprobadas ni revisadas de forma aislada. Ante las protestas de inspectores y técnicos de Hacienda, la Agencia Tributaria emitió una instrucción para hacer vinculante el informe de Tributos. "Esa instrucción existe y fue la que hizo obligatoria el informe de Tributos que estaba sin firma y no era oficial", explican fuentes de la inspección de Hacienda. Precisamente, ahora Ciudadanos reclama al Ejecutivo que elimine esta instrucción para poder recaudar unos 2.800 millones de euros más por la amnistía.

Desde la organización de inspectores de Hacienda, su presidente, José Luis Grobas, defiende la medida acordada entre el PP y Ciudadanos que ahora el partido de Rivera quiere que no caída en saco roto tras el fracaso de la investidura. En una entrevista a Expansión, Grobas aseguró: "Nos parece acertado (hacer pagar a quienes se acogieron a la amnistía). Se puede justificar". Pero reconoce que es difícil ahora que puede hacerse antes del 30 de noviembre.

No todos están a favor de esta petición de Ciudadanos. El portavoz de los Técnicos de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, considera que es imposible intentar la recuperación de lo no recaudado por la amnistía fiscal de 2012. Los técnicos de Hacienda advierten de que la pretensión es "jurídicamente inviable" y supondría una avalancha de recursos que podrían costar al Estado unos 150 millones de euros al año en costas por los procedimientos que pierda en primera instancia, sin contar los recursos.

Mollinedo considera que no se va a poder hacer una revisión de la amnistía fiscal de manera retroactiva ya que la normativa fiscal no permite obligar a tributar a los contribuyentes por los ejercicios ya prescritos y esa prescripción se produce a los cuatro años.