Se veía venir

Los enfoques tecnocráticos de la política me generan rechazo y prevención. Los asuntos públicos no pueden ser resueltos solo desde el conocimiento técnico. En la prelación en los objetivos o en la distribución entre personas o regiones de los costes o beneficios de las decisiones públicas pesan, inevitablemente, los juicios de valor. Y son los ciudadanos a través de sus representantes los que deben buscar los equilibrios pertinentes.

Pero un sentimiento aún más intenso es el que experimento cuando asisto a debates públicos a espaldas de ese conocimiento. La virtud está en la interconexión fecunda entre los dos planos, para contar con discusiones bien informadas, en los que los prejuicios no sustituyan a la razón, pero que lo técnico no supla lo político.

El déficit público español nos genera problemas y advierte de una deficiencia. Con el incumplimiento de los objetivos de déficit rompemos con las reglas comunitarias, lo que provoca pérdida de reputación, riesgo de multas y desconfianza en los mercados financieros internacionales. En cuanto a lo segundo, si con la vuelta del crecimiento económico seguimos con un déficit en el 5%, ¿no será que tenemos un desencaje estructural entre gastos e ingresos más allá del efecto negativo del ciclo? Por ambos motivos, lo que necesitamos es un plan de consolidación fiscal para lo que resta de década que sea serio y riguroso, merecedor del respaldo de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España; y que contemple una caída sostenida del déficit estructural, reequilibrando ingresos y gastos públicos en el nivel que políticamente se considere oportuno.

En esta estrategia el conocimiento técnico debe guiarnos para saber qué hacer en el frente del fraude fiscal, cómo reformar el sistema impositivo, cuáles son las carencias principales en nuestros programas de gasto público y dónde existe margen para ajustar… Pero también para las afortunadamente inevitables decisiones políticas sobre la extensión de la cartera de servicios, la distribución de la carga fiscal, dónde queremos situarnos en el campo de la desigualdad, etcétera. Lo que no pueden hacer los responsables políticos es mezclarlo todo, construir castillos en el aire, dejar que la retórica sustituya a todo lo demás. No podemos presentar ofertas electorales inconsistentes desde un punto de vista presupuestario; o decir que existe margen para rebajas impositivas adicionales, cuando sabemos desde hace muchos meses que no lo tenemos y que nos equivocamos aplicándolas en 2015 y 2016; o mirar para otro lado cuando alguien señala las carencias financieras de la Seguridad Social.

En estos momentos necesitamos en España un Ejecutivo serio que explicite el menú fiscal que les espera a los ciudadanos y la forma en la que lo va a cocinar. Pasaron las elecciones, pero el Gobierno no está todavía decidido. En las negociaciones abiertas debería quedar más claro la estrategia que nos espera para los próximos cuatro años. Una estrategia que gustará más a unos que otros pero que, sin duda, va a ser menos jovial para todos que lo que se pintaba en la campaña electoral.