Los ministros del Ecofin activan el procedimiento de sanción a España

La UE ha estrenado con España y Portugal su procedimiento de sanciones por el incumplimiento del déficit. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE, reunidos en Bruselas en el Ecofin, han confirmado hoy que Madrid y Lisboa no tomaron medidas efectivas para reducir el agujero fiscal el año pasado. La Comisión Europea tiene ahora 20 días para elaborar una propuesta de sanciones de hasta 2.000 millones de euros, que incluye también la congelación de los fondos estructurales. España presentará alegaciones en apenas horas para tratar de reducir el importe de la multa.

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"Cada día estoy más convencido de que será multa cero", ha repetido hoy el ministro español, Luis de Guindos. Bruselas, sin embargo, se decanta por una multa minimalista: un importe bajo pero cargado de simbolismo. A la vez, Bruselas tiene que acordar los nuevos objetivos de déficit: un año extra para rebajar el agujero fiscal al 3% del PIB en 2017. "Estoy seguro de que al final llegaremos a un resultado inteligente", ha asegurado el presidente de turno del Ecofin, el ministro eslovaco Peter Kazimir.

Las fuentes consultadas apuntan que el tamaño de la multa depende de la ambición de los objetivos fiscales. Madrid y Bruselas quieren cerrar cuanto antes el capítulo sancionador para adoptar la nueva senda fiscal, esencial para determinar el techo de gasto que servirá como base para los presupuestos del año próximo, de los que depende de la geometría variable de alianzas para formar Gobierno. El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, apuntó ayer que si España presenta nuevos ajustes todo el proceso será más sencillo. Guindos insiste en desligar las sanciones (sobre el déficit de 2015) de los futuros recortes, y señala una y otra vez que no habrá multa. Irlanda, Francia e Italia están en contra de las sanciones, y un buen número de países, con Austria, Holanda y los tradicionales halcones a la cabeza, son partidarios de la multa. La pelota está ahora en el tejado de la Comisión Europea. Y de Berlín, que más allá de recordar que hay que cumplir las reglas y explicar que la normativa admite cierta flexibilidad, sigue sin decir esta boca es mía.