El vendedor de crecepelo es calvo

La razón de Bruselas para aplazar la sanción a España por incumplir con alevosía el techo de déficit en 2015 estriba en no influir sobre los votantes. En respetar la campaña electoral.

Suena elegante. Pero ese respeto provoca un daño colateral, el escamoteo a los españoles de la gravedad de su déficit público y de la calidad de su gestión. Se les oculta, al menos, la percepción que sobre todo ello tienen sus socios. En asunto no menor. La previsible sanción pivotará sobre sus ingresos (impuestos) o sobre sus gastos (teman que sociales).

Y las urnas sirven o deberían servir, justamente, para dirimir asuntos graves y optar por una u otra política económica, apropiada a una u otra situación. Lo que dependerá del diagnóstico sobre el agujero fiscal: sancionable, permisible o pluscuamperfecto.

Hurtar datos clave es absurdo. ¿Es ilegítimo que la Comisión multe ya y en cambio es legítimo que dicte los ajustes necesarios ¡de inmediato! y los cuantifique al detalle (0,25% del PIB o 2.500 millones este año; 0,5% o 5.000 millones el próximo)? ¿No resulta paradójico que la cuenta pendiente del pasado (2015) se retrase; mientras que la del presente-futuro (2016 / 2017) se exija sin dilación?

Con imprudencia sideral, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, prometió ayer, en el FT, el día que la Comisión debía multar o aplazar, que volverá a bajar impuestos.

Imprudencia, porque su rebaja electoralista de 2015 fue factor clave para el exceso de déficit, según AIReF, y por tanto, encendió a Bruselas y provocó la multa en ciernes. Sobre todo cuando la presión fiscal española es más de siete puntos inferior a la media europea, aunque los tipos aparentes sean parecidos.

Claro que el elector podría descubrir que el vendedor de la pócima crecepelo es calvo; y adivinar que la pagará sin lograr a cambio ninguno de sus beneficios.

¿Por qué? Porque la recomendación de realizar ajustes adicionales obliga en la práctica a incumplir la promesa de rebajar la fiscalidad: la curva de Laffer no es un bálsamo para toda ocasión. O implica más recortes sociales, algo poco deseable pues en eso “nos hemos pasado cuatro pueblos”, según la doctrina Margallo.

La ilusión por los crecepelos electoralistas que te dejan igual de alopécico no parece exclusiva del gran registrador. Hace furor también entre preclaros conservadores como Esquerra Republicana y la CUP.

De repente ambos descubren —Panorama de la fiscalidad autonómica y foral, 2016, Colegio de Economistas— que Cataluña es ya demasiado independiente, pues aplica tipos muy superiores a la media española en los tramos de cotizantes al IRPF más humildes. O sea, a españolizarse y bajarlos. ¿Cómo? A costa de subir tramos altos, en general también superiores, pero en menos, a los de otras comunidades: la rebaja de 516 millones a los pobres se compensaría con alzas a los más ricos (y, ay, de paso, convergentes).

Miel sobre hojuelas, si se escamotea que al subirse fuertemente los tipos en 2011, 6.800 contribuyentes catalanes de la franja alta trasladaron su domicilio a Madrid. Con lo que el alza recaudatoria fue pírrica.

Matrícula a crecepelos y patriotismos.