La Comisión Europea inspeccionará los abusos en los campos de cítricos

La Comisión Europea ha anunciado una inspección de los campos de cítricos en el valle del Guadalquivir, que abarcan más de 30.000 hectáreas en 25 municipios de Córdoba y Sevilla, para evitar los abusos laborales. El alcalde de Palma del Río, el socialista José Antonio Ruiz Almenara, se ha reunido este jueves con el director general de Agricultura de la Comisión Europea, Joost Korte, quien ha reclamado información sobre la proliferación de cuadrillas de trabajadores que se ven obligados a trabajar diez horas al día, recoger y cargar más de 1.100 kilos de fruta cada jornada y que solo reciben una remuneración de 2,5 euros por hora.

El alcalde ha valorado la iniciativa de Bruselas, que supone, según ha informado, la apertura de una "línea directa de interlocución con la UE para analizar la situación y proponer soluciones".

Las cuadrillas son trasladadas en autobús de campo en campo y se ven obligados a cargar la fruta en camiones que parten directamente a los centros de distribución, causando además los cierres de las plantas de almacenado y manipulación de frutas de la zona. El cobro por debajo de lo establecido en convenio, que es un mínimo de 42,83 euros cada jornada de seis horas y media, ha supuesto también la falta de trabajo para los jornaleros del valle del Guadalquivir que se niegan a aceptar estas condiciones.

Esta situación ha convertido la comarca en un polvorín social que ha llegado también este jueves al Parlamento de Andalucía, donde la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, se ha referido al conflicto en la sesión de control a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha afirmado que ha hecho todo lo posible en el marco de sus competencias ante la proliferación de estas cuadrillas, que Díaz ha atribuido a "empresarios desalmados". En este sentido, ha informado que ha requerido a la Delegación del Gobierno que establezca las medidas necesarias para acabar con los abusos.La presidenta ha pedido que se comparen las cosechas con los jornales generados, lo que permitiría detectar las bolsas de fraude.

La Delegación del Gobierno tiene previsto 2.000 visitas de inspección en un plan específico para el sector, pero reconoce que la dispersión de las fincas dificulta la labor de la Guardia Civil. A esto se une que los propios jornaleros no denuncian porque prefieren trabajar por 2,5 euros la hora a no hacerlo o porque así consiguen las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, un sistema de prestación por desempleo específico que depende de los jornales realizados.