Estado de excepción autonómica

Cristóbal Montoro ha instaurado el estado de excepción contra las autonomías. Primero intervino cada factura de la Generalitat de Cataluña; luego impuso a casi todas planes de enmienda presupuestaria; ha embargado las transferencias a Extremadura y Aragón por retrasar pagos a proveedores (en más de 60 días) y amenaza al resto.

Hacienda despliega así los capítulos correctivo y sancionador de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 (27 de abril), que en la gama más grave de su catálogo prevé la no disponibilidad de créditos (se retienen las partidas a enviar a las autonomías), sanciones monetarias del 0,2% del PIB de la comunidad (primero en depósito, luego en multa) y su “ejecución forzosa”.

¿Son culpables las autonomías? En parte. Duplicaron su techo de déficit en 2015, del 0,7% del PIB al 1,66%. Pero menos que Hacienda: duplicó su déficit de la Seguridad Social, del 0,6% al 1,26%; fijó a todos objetivos impracticables y no controló nada.

Cuando 14 de las 17 comunidades (incluida la sobrefinanciada Navarra) incumplen el techo impuesto por una Hacienda centralista y no federal, lo probable es que ese techo sea disparatado. Lo confirmó hace ya un año la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF): “Establecer recurrentemente objetivos que ya se percibía ex ante que no es factible cumplir afecta negativamente a la credibilidad de las reglas de disciplina fiscal”. En cristiano: si suspenden casi todos, es que el maestro erró al elaborar el examen.

El techo era en efecto un disparate, porque las autonomías ejecutan un 36% del gasto total (un tercio largo) y se les concedió un sexto del déficit (0,7 sobre 4,2), en vez de lo lógico, un 1,5% / 1,6%, que es lo que al fin alcanzaron. Lo lógico: no lo montaraz.

Pero es que además el incumplimiento apenas procede de derrochar en gastos. Quedan lejos los tiempos en que todos dilapidaban a mansalva. En los estúpidos aeropuertos de Castellón, Lleida o Ciudad Real (las autonomías); en la loca pirámide de la T-4 madrileña, la sobrante segunda terminal de Santiago (AENA), el AVE a cualquier aldea (ADIF) o las radiales de Madrid (Madrid y Fomento).

El desequilibrio del déficit procede sobre todo del ingreso, según clamó la AIReF en el desierto. También para la Seguridad Social: ya el 31 de marzo de 2015 alertó de los errores de cálculo, porque la contribución de las cotizaciones quedaría “por debajo de lo previsto” en más de un 10%, y por la ineficiencia de las políticas activas de empleo (recolocación).

Antes, en octubre de 2014, previno de la “sobrevaloración de ingresos” de las comunidades; en marzo de 2015, del “alto riesgo de incumplimiento”. Por culpa de los magros ingresos provenientes del sistema de financiación, que el Gobierno —ilegalmente— se negó a reformar en el plazo fijado, 2014; los débiles impuestos autonómicos (Transmisiones, Sucesiones...) y el excesivo optimismo de los Gobiernos autónomos sobre sus privatizaciones.

Reiteró la alerta en su informe del 15 de junio. La confirmó el 27 de julio. Y la certificó el 30 de noviembre. En total: cinco avisos que el Gobierno despreció. Culpable, sobreactúa.