Volkswagen consigue tiempo para reparar los coches diésel de EE UU

Volkswagen y las agencias responsables de la protección de Medioambiente en Estados Unidos coinciden en algo: la marca necesitan más tiempo para dar con una solución que permita reparar de una manera permanente los 580.000 vehículos diésel afectados por el escándalo de las emisiones en Estados Unidos. Así se lo comunicaron al juez, que en California les impuso un fecha límite para lograr un arreglo, plazo que espiró este jueves y que se amplía hasta el 21 de abril.

El magistrado Charles Breyer dio un margen de un mes para que se explicara con detalle el plan por el que se va a sustituir el dispositivo electrónico que permitía falsear la emisiones de gases contaminantes, sin que eso merme el rendimiento de los coches. El fabricante alemán y el regulador aseguran que las negociaciones van por el buen camino pero el acuerdo no será posible hasta dentro de algunas semanas. Breyer confirmó que los progresos de “sustanciales”.

Volkswagen pidió así una extensión para lograr un acuerdo. El juez la concedió y dejó claro que la nueva fecha es definitiva. La cuestión está en saber si los reguladores aceptan una fórmula provisional que evite que se imponga medidas más severas contra el fabricante de coches, bajo la forma sanciones por vehículo que circula violando los límites a las emisiones. Las ventas de los modelos diésel están suspendidas en EE UU desde septiembre.

Los reguladores ya rechazaron en enero pasado la solución que puso sobre la mesa Volkswagen. En Europa, donde los niveles medioambientales exigidos son distintos a los estadounidenses (superiores para unas sustancias e inferiores en otras) el grupo automovilístico sí logró el visto bueno a una reparación de los motores, que ya se ha empezado a aplicar.

La agencia medioambiental californiana empieza a considerar la idea de que la reparación absoluta de los vehículos puede ser imposible, y deja así abierta la posibilidad de aceptar una solución que alternativa que no elimine por completo el exceso del límite en las emisiones, que superan 40 veces el nivel legal, pero que al menos los acerque a cotas admisibles. “No es que los vehículos que circulan por la carretera no puedan venderse”, indicó el juez de San Francisco en la anterior audiencia, “es el hecho de que están contaminando, y eso es algo que debe ser resuelto”.

Breyer tiene autoridad para llegar a imponer una prohibición total a la circulación de los coches que equipan el dispositivo para presionar a Volkswagen a que actúe con rapidez. Puede, incluso, involucrarse directamente en el proceso de negociación e imponer su propio remedio. Pero antes de llegar a estos dos extremos o de aplicar algún tipo de sanción, opta por esperar a que se celebre otra audiencia. La negociación incluye crear un fondo para compensar por los daños medioambientales y un plan de recompra de los vehículos, para zanjar de paso las demandas de propietarios.

La multinacional alemana se enfrenta en EE UU a una multa máxima de 46.000 millones de dólares por violar la legislación medioambiental, cantidad a la que habría que sumar el coste de la retirada de la circulación de los coches afectados y el daño que están sufriendo las marcas Volkswagen, Audi y Porsche por el fraude.