Hacienda tendrá que devolver el IVA de la investigación a las universidades
El Supremo obliga a la Agencia Tributaria a reintegrar 4,3 millones a las universidades de Salamanca y Santiago
El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que da la razón a las universidades de Salamanca y Santiago de Compostela en el contencioso que mantenían con la Agencia Tributaria por el IVA de las actividades de investigación. El tribunal permite a las universidades deducirse el impuesto de los proyectos de investigación hechos tanto por encargo de terceros como para ampliar el bagaje cultural de la universidad. Ahora Hacienda tendrá que devolver 3,1 millones de euros a la Universidad de Salamanca y 1,2 millones a la de Santiago. Otros campus aguardan una respuesta similar.
La Agencia Tributaria tendrá que reintegrar 1.227.922 euros a la Universidad de Santiago de Compostela por los materiales adquiridos para la investigación en 2005, según la sentencia conocida este lunes y adelantada por la Cadena SER. El alto tribunal se basa en una sentencia similar dictada el pasado febrero por el que Hacienda tenía que devolver otros 3.130.841 euros a la Universidad de Salamanca por el IVA de los años 2002 a 2004.
Reclamaciones millonarias
La Universidad de Santiago y la de Salamanca deben recibir, según el Supremo, 1,2 y 3,1 millones de un ejercicio, respectivamente. Santiago considera que llegaría a los 20 millones sumando lo pendiente desde 2005.
La Complutense estima que debe recibir 10 millones desde 2008. La Universidad de Sevilla reclama cinco millones de 2014 y la Politécnica de Valencia, 400.000 euros.
El Supremo sienta jurisprudencia con ambas sentencias, lo que podría suponer un elevado coste para la Agencia Tributaria que tendría que desembolsar varios millones de euros a las universidades. Campus como la Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla o las Politécnicas de Madrid y Valencia tienen pleitos abiertos por este asunto.
Hacienda, sin embargo, limita el impacto de la sentencia. Considera que la mayoría de universidades ya se deducían directamente todo el IVA de los proyectos de investigación. Y por otro lado, explican que ya estaban aplicando el criterio que ha confirmado el Supremo pues ya están cribando con más precisión qué gastos podían deducirse y cuáles no en función de sí pueden vincularlos con la docencia o solo con la investigación.
El contencioso trataba de aclarar si los bienes adquiridos para la investigación básica —"trabajos teóricos que se emprenden para obtener nuevos conocimientos, que se cubren con aportaciones de la universidad o subvenciones públicas"— tienen la misma consideración que los bienes que se compran para la investigación aplicada —que supone la realización de trabajos por encargo de particulares o empresas— y tienen, por tanto, derecho a deducirse el IVA correspondiente.
La Agencia Tributaria argumenta que la investigación básica está vinculada con la actividad de la enseñanza y por tanto no puede deducirse el IVA. Las universidades, por su parte, defienden que ambas ramas de la investigación deberían ser tratadas como investigación aplicada, que sí permite la deducción.
El Supremo, por su parte, estima que "no existe duda" de que la investigación aplicada puede acogerse a la reducción del 100% de las cuotas soportadas del IVA y, que son las que se puede deducir las universidades íntegramente. El problema está al definir si el IVA de los gastos realizados por la investigación básica "pueden, y en qué porcentaje, ser objeto de deducción", señala el alto tribunal, que deja esta cuestión abierta.
"No puede entenderse que la investigación básica se vincule a la enseñanza por el hecho de que exista coincidencia en muchas ocasiones entre el personal docente y el personal investigador", señala el alto tribunal.
La sentencia del Supremo señala que "no resulta admisible" que el material adquirido para investigación básica se pueda afectar, por parte de Hacienda, a "otras actividades universitarias, en concreto la enseñanza".
Los campus exigen un criterio común tras la decisión del Supremo
Las dos sentencias recientes del Supremo han abierto el camino al resto de campus españoles, que reclaman a Hacienda un criterio común para evitar situaciones dispares.
La Universidad de Sevilla reclama a la Agencia Tributaria cinco millones de euros de 2014. "Lo pedimos como otros años tras pagar las facturas con IVA, pero el dinero quedó retenido", explica el rector, Miguel Ángel Castillo. "Esperamos una respuesta positiva tras esta sentencia, pero no dudaremos en recurrir a los tribunales si no se produce", añade.
La Politécnica de Madrid está en una situación similar, con dos pleitos abiertos por 2013 y 2014. La Politécnica de Valencia ha conseguido tras "cinco meses haciendo papeleo y justificaciones" que le devuelvan 900.000 de los 1,3 millones de IVA de material de investigación que adelantaron en 2014, según explica su gerente, José Antonio Pérez. Pelean por los otros 400.000.
La Complutense de Madrid, por su parte, ganó una sentencia en la Audiencia de Madrid por el dinero retenido en 2008. Reclamaban dos millones de euros de ese ejercicio y calculan que el montante ascendería a 10 millones sumando los posteriores. "Deberían existir un camino común", solicita el vicerrector de Planificación Económica de la Complutense, Javier Sevillano. "Creo que el asunto tendría que abordarse en el seno de la CRUE [la conferencia de rectores, que aglutina a 76 campus españoles] para que busque un acuerdo general que nos permita tratar con la Agencia Tributaria sin que cada uno pleitee por su lado".
