El desafío está en el agua

El pasado martes, Julián Núñez, presidente de Seopan (la poderosa asociación de las grandes constructoras), se entrevistó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para explicarle los informes sobre el sector que ha elaborado para ella la consultora AT Kearney. Antes de ver a Pastor, que evidentemente ha conocido las demandas de las empresas a lo largo de su mandato, Núñez se había visto con una delegación del PSOE encabezada por Jordi Sevilla, encargado de la parte económica del programa electoral; con el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez; una representación de Ciudadanos y otra del PP. En su agenda todavía queda el encuentro con los representantes de Izquierda Unida.

La visita a la ministra y a los partidos forma parte de la campaña que el lobby empresarial ha montado para concienciar a los partidos de la necesidad de reorientar las inversiones en infraestructuras con el objetivo de que se mantengan los planes a largo plazo y permanezcan más allá de una legislatura. En pocas palabras, las grandes constructoras se han puesto las pilas para reclamar al Gobierno que salga de las urnas más inversión. Y lo han hecho con una estrategia bien definida: encargando el estudio hace más de un año a la consultora y presentándolo antes de las elecciones generales.

Ocho sectores

Los informes (Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España y Áreas prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras) identifican ocho sectores en los que debería centrarse el esfuerzo inversor (agua, energía, social, transporte, medio ambiente, digital, urbanismo y mantenimiento). Dentro de ellas, da preponderancia a la gestión del agua como gran desafío y reclama la puesta en marcha de una política nacional. España ha invertido un 56% menos que los países de referencia (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) pese a ser el país con mayor estrés hídrico de la UE.

El estrés hídrico, donde el consumo de agua supera el 40% del agua disponible, exige una mayor eficiencia en la utilización de los recursos. Es decir, requiere inversiones para evitar los problemas derivados de esa situación. Esto exige mayor dotación de embalses y presas y mayor inversión en mantenimiento. Se deben enfocar las inversiones en la reducción y eliminación de las pérdidas en las redes de abastecimiento para disponer de todos los recursos, así como aprovechar las aguas subterráneas.

Pese a que las necesidades son mucho mayores, las inversiones en los últimos años han estado por debajo de esos países. España solo invierte en infraestructura de agua el equivalente al 0,11% del PIB, mientras la media de inversión de los cuatro países citados es del 0,25%. Es decir, una diferencia del 56% en contra de España (Italia se acerca más, con el 0,12%).

Además, la menor inversión ha provocado un deterioro de la red existente, haciendo que se produzcan mayores pérdidas en el abastecimiento (en 2012 las pérdidas eran del 26% de los recursos dispuestos). Estas pérdidas implican, según el informe, una mayor demanda de capacidad potabilizadora para el agua no productiva, lo que supone mucho gasto energético.

Además del agua, pone de relieve la necesidad de inversión en infraestructuras energéticas para cumplir los objetivos de interconexión eléctrica y gasista. También critica el déficit en hospitales (25% por debajo de la media de países referidos), educación (40% menos) y justicia (50%). No se queda lejos el transporte por ferrocarril y el tratamiento de residuos, así como en la inversión digital, mientras sale bien parado en la comparación en movilidad urbana.

En definitiva, para Seopan-AT Kearney el país necesita invertir un 72% más de forma sostenida: entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales en los próximos 10 años, lo que generaría más de 500.000 empleos y un retorno fiscal del 50%. A cambio ofrecen capital propio y financiación. Según el estudio, el Estado debe dar respuesta a la gestión de los recursos en un entorno en el que la evolución de la economía mundial y la complejidad del entorno geopolítico se presentan como riesgos a superar.

Durante los últimos 10 años la inversión en infraestructuras generó un impacto económico de 1,6 billones de euros y una media de 1,2 millones de puestos de trabajo. También resaltan la brecha existente entre España y los países de referencia, que es del 30% por debajo en inversión por habitante y del 50% en inversión por densidad de población entre 1995 y 2014.