El juez declara la liquidación de la autopista de peaje a Barajas

El Gobierno trata de evitar en los tribunales el pago de indemnizaciones millonarias a las concesionarias de las ocho autopistas de peaje que están en quiebra. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha acordado la liquidación de las dos sociedades de OHL (Aeropistas y Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española) que explotan el tramo de peaje entre Madrid y el aeropuerto de Barajas, que se encuentran en concurso de acreedores, tras la inadmisión de los dos convenios de acreedores presentados basados en el plan de rescate que presentó el Ministerio de Fomento.

Se trata de la segunda ocasión en que este juzgado toma esta decisión puesto que  ya abrió la fase de liquidación de la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de rescate que Fomento aprobó como propuesta de convenio por considerar que presentaba “defectos de legalidad”.

El problema es que una vez que se liquide la sociedad que explota la autopista se activa para la administración la obligación de resolución del contrato de concesión y con ella la del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que fue pactada con las concesionarias para el caso de que no se cumplieran las expectativas de ingresos por peaje, como así ha sucedido.

 Por ello Fomento ha anunciado que va a recurrir esta sentencia ante la Audiencia Provincial como ya hiciera con el anterior fallo sobre el peaje de Ocaña-La Roda. Está en peligro el plan de rescate presentado en 2014, que contempla la integración de las ocho autopistas en riesgo de quiebra en una sociedad pública, tras una quita del 50% en la deuda de 3.400 millones, y convertir el pasivo restante en un bono a 30 años.

"A raíz del auto citado se inicia la fase de liquidación de ambas sociedades y como consecuencia de ello nace para la administración la obligación legal de resolución del contrato de concesión y con ella la del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)", señala OHL en el hecho relevante remitido a la CNMV.

Con eso, se pone en cuestión la tesis del Ministerio de Fomento, que ha venido defendiendo que el rescate de las autopistas no tendría coste para el Estado, pero que no ha sido capaz de encontrar una solución al problema. Si se activan las cláusulas de responsabilidad patrimonial, el Estado debería hacer frente al pago de 4.500 millones de euros a las concesionarias, aunque estas elevan el importe a 5.700 millones.

"Además de lo anterior se monetizarán la totalidad de los activos de ambas sociedades, tanto bienes como derechos, a los efectos de permitir el pago de los acreedores y, en su caso, de los accionistas", añade. OHL no facilita cifras de la deuda de esta concesionaria. Durante esta fase cesan en su función los administradores, siendo sustituidos por la Administración concursal.

Recurso ante la Audiencia Provincial

Para evitar ese pago y ganar tiempo para sacar adelante su plan de rescate para las ocho autopistas de peaje en problemas, el Ministerio de Fomento recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juzgado que dicta la liquidación de la autopista Eje Aeropuerto de OHL.

Como ya hiciera con el auto que este mismo juzgado emitió el pasado mes de febrero para liquidar la autopista Ocaña-La Roda, el recurso de Fomento considera que son "subsanables" los motivos por los que el juez declara liquidación, según señaló un portavoz del Ministerio.

El juzgado reclamar al Ministerio que su plan incluya autorización del Consejo de Ministros para que la sociedad pública Seittsa se quede con las autopistas quebradas, titulice en un bono la deuda con la que se quedarán las vías tras la quita del 50% prevista, y explote las infraestructuras.

Dados los plazos de habituales de resolución judicial, el asunto no se dilucidará ya en esta legislatura por lo que será el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre quien se deba enfrentar al problema

Además de esta autopista de peaje al Aeropuerto de Madrid-Barajas, varias autopistas de peaje están en concurso de acreedores.Las autopistas en problemas se construyeron siguiendo un sistema por el que las constructoras se hicieron cargo de las obras a cambio de la concesión para explotar las vías a largo plazo, de modo que la infraestructura no exigía desembolsos públicos. Pero las empresas pidieron para la construcción capital a la banca, y como aval, contaron en algunos casos con el respaldo del Estado a través del mecanismo de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ahora, la banca exige recuperar sus préstamos y si los acreedores pueden solicitar que sea el avalista, es decir, el Estado, el que asuma el problema.