Principio de acuerdo para dar una salida a la crisis del sector lácteo

Los grandes grupos de la distribución —Anged por los hipermercados, Asedas y Aces en nombre de los supermercados, y las industrias a través de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil)— acordaron ayer sumarse a la propuesta del Ministerio de Agricultura para garantizar unos precios justos para la leche. Por parte del sector, se adhirieron la organización agraria Asaja y las Cooperativas Agroalimentarias. Upa defiende el acuerdo, pero exige más garantías de precios para su firma y Coag lo rechaza por inconcreto. En próximas fechas se producirá la firma de las empresas que lo asuman.

Para hacer frente a la crisis del sector, en agosto el Ministerio de Agricultura planteó, entre otras medidas, una propuesta de acuerdo a ganaderos, industrias y a la gran distribución para lograr la sostenibilidad de la cadena de valor de la leche, desde que el producto sale de la granja hasta que llega al consumidor. El objetivo era lograr un compromiso entre las partes por el que el precio en origen fuera justo para los ganaderos afectados por una situación de crisis al percibir una gran parte de las explotaciones cotizaciones por debajo de los 0,25 euros litro, insuficientes ante unos costes medios de 0,34 euros. Estas propuestas fueron debatidas por las partes en las últimas semanas en medio de las movilizaciones de los ganaderos para llegar a un documento de consenso.

Frente a la petición generalizada de los ganaderos de unos precios mínimos para la leche, la propuesta de acuerdo debatida ayer no contempla, en concreto, esa reivindicación. Se barajó la posibilidad de poner unas cifras de referencia y finalmente se desistió ante los problemas que ello podría haber supuesto ante las autoridades comunitarias y ante Competencia. Pare determinar el montante del denominado precio justo, los sindicatos agrarios y la Administración coinciden en tomar como referencia los estudios oficiales realizados sobre el valor de la cadena. Extraoficialmente se considera que un precio medio de venta al consumidor por encima de los 0,65 euros por litro y con una cadena de valor más transparente podría ser un buen principio para alcanzar unas cuantías remuneradoras en el campo.

La propuesta, a la que se han adherido las organizaciones de la distribución y de la industria, no pasa de se una declaración de intenciones y falta por ver que esos compromisos los asuman, en última instancia, todas las empresas. La ministra, Isabel García Tejerina es consciente de que no se puede obligar a nadie a estar en esos acuerdos, aunque, según fuentes próximas, está dispuesta a utilizar todos los mecanismos en poder desde el Gobierno para que los mismos se cumplan. No obstante, para la responsable de Agricultura, estos compromisos señalan la existencia de un antes y un después en la clarificación de la cadena de la leche donde un punto importante será la publicación de un real decreto que obligará a las industrias a comunicar sus precios de venta a la gran distribución para conocer la formación de los mismos.

Para el Ministerio se trata de un acuerdo importante porque la gran distribución se ha comprometido, entre otros puntos, a dar valor a la leche, a no seguir con la misma como un producto reclamo a precios de oferta, estrategias que deberían acabar a corto plazo, así como a sustituir las subastas al día o a la semana, por otras a más largo plazo que dieran estabilidad a la industria la hora de hacer sus contratos con los ganaderos.

Desconfianza

De cara a la industria, García Tejerina entiende que con el acuerdo se puede mejorar la política de contratos, aumentar la transparencia y trasladar un mayor margen hacia el campo con subidas de precios. Agricultura mantiene su apoyo a la demanda ganadera.

Desde el sector agrario, se defiende la firma de estos compromisos, pero mantiene su posición de desconfianza por entender que acuerdos anteriores similares en leche o aceite han sido incumplidos por las mismas partes. El presidente de Asaja, Pedro Barato, es optimista y cree que esta vez va a ser la definitiva. Por su parte, el responsable de Coag, Miguel Blanco, lo ve confuso, voluntarista y muy genérico. Desde UPA su secretario general, Lorenzo Ramos, es favorable a un acuerdo, siempre y cuando existan más garantías para su cumplimento, por lo que Unions Agrarias (Upa) seguirá con las movilizaciones en Galicia. Desde el sector se apunta que las industrias pueden demostrar ya que han cambiado las cosas subiendo y no bajando los precios en los contratos de octubre.