Industria acelera los permisos del almacén de residuos nucleares

El Ministerio de Industria ha pisado el acelerador para completar los permisos del futuro almacén para residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) y asegurar así que este proyecto de unos 1.000 millones de euros se haga. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a petición de Industria, ha aprobado un informe favorable sobre el impacto radiológico del silo. Este paso es imprescindible para que el Gobierno emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) necesaria. Mientras, la Junta de Castilla-La Mancha busca la forma de frenar el proyecto.

Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) siguen sin despejarse, pero Industria ha decidido acelerar la tramitación de las autorizaciones para que se pueda acometer esta instalación, una de las principales obras públicas de la legislatura. Los permisos más importantes dependen del CSN, cuyos técnicos llevan meses analizando el proyecto y pidiendo información adicional sobre los suelos a Enresa, la empresa pública encargada de la construcción del almacén y de la gestión de los residuos radioactivos en España. Además del informe sobre el impacto radiológico aprobado esta semana por el pleno del CSN, este órgano debe emitir un permiso previo y otro de construcción, en ese orden.

La previsión, según indican fuentes del sector, es que la próxima semana o la siguiente el pleno del CSN apruebe la autorización previa. "Es insólito e insensato aprobar la DIA y el permiso previo sin saber a ciencia cierta cómo son los suelos", ha advirtido Francisco Castejón, miembro de Ecologistas en Acción.

Enresa, tras los requerimientos de los técnicos del CSN, ha sacado a concurso un contrato para realizar una serie de sondeos nuevos para la "caracterización geotécnica" y el "análisis hidrogeológico" de los suelos del almacén por un importe de más de un millón de euros. Los trabajos empezarían en septiembre y durarían ocho meses. Sin embargo, antes de que comiencen a perforarse los sondeos, el CSN habrá concedido el permiso previo al silo. "Si las prospecciones no tienen importancia cómo se gastan ese dinero", pregunta Castejón. Este miembro de Ecologistas en Acción cree que "el Consejo de Seguridad Nuclear está siendo sometido a enormes presiones y está cediendo".

Pese a que el seguimiento del proyecto lo realizan técnicos del CSN, que son los que llevan meses reiterando las dudas sobre los suelos seleccionados, la aprobación de las autorizaciones depende del pleno del consejo, que tiene un perfil político.

La elección de Villar de Cañas frente a otros posibles emplazamientos para el ATC fue una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno del PP tras ganar las anteriores elecciones generales. Uno de los principales motivos que llevaron a decantarse por el municipio conquense fue el apoyo de las Administraciones: el Ayuntamiento, en manos del PP, y la Junta de Castilla-La Mancha, también gobernada entonces por los populares, estaban de acuerdo.

Pero los últimos comicios regionales han hecho que el proyecto pierda uno de esos pilares: el PSOE, que gobierna ya en la Junta, se opone a que el almacén se construya en Villar de Cañas. De hecho, miembros del Ejecutivo de Emiliano García-Page se han reunido con la plataforma contraria al proyecto. El PSOE firmó un compromiso antes de las elecciones en el que decía que, si ganaba los comicios, haría todo lo posible para frenar el almacén.

Los requerimientos del CSN para autorizar el silo es muy probable que incrementen considerablemente el coste de esta obra, que asume Enresa. A principios de año, el Tribunal de Cuentas alertó de los problemas de financiación que se estaban gestando en el fondo del que se nutre el Plan General Residuos Radiactivos, que financian los propietarios de las centrales nucleares y gestiona Enresa. El Tribunal de Cuentas apuntó a que el modelo actual está generando un grave desfase entre los ingresos y los gastos de Enresa. En el caso de las centrales, se alertaba de que el 28% del coste del tratamiento de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado se puede quedar sin cubrir en el periodo 2010-2085. Esto supondría un agujero de 1.800 millones, que el Tribunal de Cuentas teme que tenga que ser asumido finalmente con dinero público en el futuro.