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Bruselas mantiene la multa a España por falsear el déficit valenciano

La Comisión establece una sanción de 18,93 millones por "negligencia grave" por no informar sobre todos los gastos sanitarios

El Consejo de la Unión Europea ratificó este lunes la multa contra España por importe de 18,93 millones de euros por “la manipulación de el déficit de la Comunidad Valenciana”. La investigación de Bruselas concluyó que existía “negligencia grave” en las estadísticas de déficit y deuda pública por la ocultación de una parte del gasto sanitario entre 1988 y 2011. La sanción se produce a pesar del recurso presentado por el Gobierno. El representante español en la UE calificó la multa como “injusta” y alegó que “no se ha respetado plenamente el derecho de defensa de España”. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que ahora se impugnará la multa.

La respuesta airada de la delegación española consiguió que constara en acta que fue el Gobierno quien “identificó el problema, su total cooperación para resolverlo y que no haya tenido influencia en el déficit”. Además, destacó que los problemas se corrigieron en 2012.

Durante su intervención, el representante español expresó su “sorpresa” por la multa, a la que calificó como “injusta” y “que genera un precedente negativo, ya que desincentiva la revisión de datos aportados” para el seguimiento del déficit.

Tras la vista en el Coreper (Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea) de la semana pasada, la Comisión trasladó la decisión al Consejo que se celebró este lunes y ratificó la sanción de 18,93 millones de euros propuesta por la Comisión por la manipulación del déficit de la Comunidad Valenciana.

El Consejo considera que se cometió “negligencia grave” por parte de la Intervención General valenciana por la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario.

El procedimiento comenzó en 2012 después de que el Gobierno de España, tras aflorar facturas ocultas a través del plan de pago a proveedores, comunicase a Bruselas que tendría que revisar el déficit de la Comunidad Valenciana.

A quién le toca pagar la sanción

El consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, reclamó ayer al Gobierno central que se haga cargo de la sanción de la UE. Explicó que las finanzas valencianas están castigadas por la falta de financiación. Y añadió que la sanción se refiere a un periodo de tiempo entre 1988 y 2011.

Las autoridades valencianas recuerdan que en ese periodo gobernaron Joan Lerma (PSOE), Eduardo Zaplana (PP) y Francisco Camps (PP).

La práctica contable que llevaban los responsables valencianos propiciaba el ocultamiento de facturas sanitarias. El falseamiento de los datos de déficit y deuda se produjo entre los años 1988 y 2011. No obstante, la multa concierne solamente al periodo 2011 y 2012, ya que Bruselas sólo puede investigar las estadísticas desde ese momento.

Se trata de la primera vez que Bruselas establece una multa por manipulación de datos contables que afectan al déficit y a la deuda pública de un estado miembro.

No obstante, la multa de 18,93 millones de euros es prácticamente simbólica. El régimen de sanciones de la UE establece que este tipo de conductas está sancionado con un 0,2% del PIB, el equivalente a unos 2.000 millones de euros, para el caso de España. La Comisión tuvo en cuenta la cooperación de las autoridades españolas como uno de los "factores atenuantes" que Bruselas tuvo en cuenta a la hora de calcular el importe de la multa. También consideró que "la tergiversación no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta" y que la infracción ya se ha corregido.

El falseamiento de las estadísticas de déficit de la Comunidad Valenciana se conoció en mayo de 2012, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada semanas antes. Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió, entonces, una misión de inspectores para determinar la naturaleza del problema.