La japonesa JGC se suma a las demandas a España por las renovables
La firma, que invirtió junto a Abengoa en plantas termosolares, plantea el vigésimo arbitraje
El fondo japonés JGC se ha sumado a las demandas contra España por el recorte a las primas a las renovables. Este fondo, que invirtió asociado con la española Abengoa, ha presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, una reclamación.
España suma así su vigésima reclamación en contra, y es el país con más peticiones de arbitraje por vulneración de la Carta de la Energía y el tercero con más casos en el CIADI, por detrás de Venezuela y Argentina.
JGC y Abengoa anunciaron en 2010 que se aliaban para construir dos centrales termosolares de 50 megavatios cada una en El Carpio (Córdoba). Entraron en funcionamiento en febrero de 2012. Abengoa Solar mantenía el 74% del accionariado. JGC, una empresa de ingeniería fundada en 1928, maneja 170 millones de euros y ha realizado aproximadamente 20.000 proyectos en más de 70 países, según el comunicado que dio entones Abengoa.
En el sector destacan la trascendencia de la reclamación de un fondo japonés, ya que tradicionalmente intentan antes llegar a un acuerdo que presentar una reclamación contra un Estado, algo que consideran muy brusco.
Tradicionalmente, las empresas japonesas buscan un acuerdo antes de demandar
Las reclamaciones van contra los sucesivos recortes de primas aprobados por los Gobiernos de PSOE y PP desde 2010, que pretendían limitar el déficit de tarifa y la subida del precio de la luz. Solo en 2014, los consumidores pagaron 6.500 millones de euros en primas al régimen especial.
España suma ya demandas de medio mundo: empresas municipales de Alemania, el fondo soberano de Abu Dabi, el fondo de pensiones de los funcionarios de Canadá, fondos ligados a Deutsche Bank y BNP, el gigante eléctrico alemán RWE, entre otros, han abierto una vía para reclamar a España en foros internacionales. Han acudido a arbitrajes al CIADI, Uncitral y la Cámara de Comercio de Estocolmo, los tres foros previstos en la Carta de la Energía. Los inversores nacionales no pueden acudir a arbitrajes internacionales y pleitean con menos posibilidades de éxito en el Tribunal Supremo.
España ha sufrido su primer revés en estos arbitrajes. La cámara de derecho mercantil de la ONU (Uncitral) se ha declarado competente para estudiar la reclamación de 15 fondos europeos que invirtieron en fotovoltaica en España. España intentó sin éxito que al ser comunitarios tuvieran que acudir a la justicia europea.
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