Los grandes despachos piden retirar la lista de morosos con Hacienda

La Fundación Impuestos y Competitividad (FIyC) admite que le suscita "numerosas dudas" la publicación de la lista de deudores con la Agencia Tributaria, recogida en la reforma de la Ley General Tributaria. Esta asociación integrada por los grandes despachos de asesoría fiscal, considera que la norma "adolece de falta de plenas garantías formales". Por eso, cree que debería valorarse la eliminación de su publicación.

La fundación, participada por Baker & McKenzie; Cuatrecasas, Conçalves Pereira; Deloitte Abogados, EY Abogados, Garrigues, KPMG Abogados, PwC Tax & Legal Services y Uría Menéndez, expresó sus dudas sobre otros aspectos de la ley, como las sanciones del conflicto en aplicación de la norma, el refuerzo "muy notable" de la administración tributaria para controlar la interpretación normativa, la ampliación de los plazos de prescripción y de duración de la inspección, que crea "incertidumbre y menor seguridad jurídica", y el desarrollo del nuevo régimen de delito contra la Hacienda Pública. La fundación echa en falta mayores garantías en la fase procesal, según explicaron sus representantes durante unas jornadas para valorar la reforma de la Ley General Tributaria.

A pesar de estos reparos, valora positivamente la Ley General Tributaria por tres razones fundamentales: es un elemento necesario en el cierre de la reforma tributaria; responde a la necesaria regulación en determinadas cuestiones hasta ahora no contempladas; y porque manifiesta la intención de reforzar la seguridad jurídica, reducir la litigiosidad, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa.

Desde la Fundación Impuestos y Competitividad consideran imprescindible señalar que también echan en falta algunos aspectos que podían haberse tenido en cuenta, como incluir alguna de las medidas alternativas de resolución de conflictos o la entrada de soluciones de "cumplimiento cooperativo". Por último, hace una serie de propuestas, que confía que puedan mantenerse en cuenta durante el trámite parlamentario de la reforma de la Ley General Tributaria.

De esta forma, aboga por incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, por introducir medidas alternativas de resolución de conflictos y por adecuar el ordenamiento tributario español a la corriente internacional en cuanto a 'cláusulas antiabuso'.