La crisis aumenta la explotación laboral de extranjeros en Europa

El 20% de los expertos detectan al menos dos casos por semana

La explotación laboral a extranjeros dista de ser una excepción en Europa. La agricultura, la construcción, la hostelería y el trabajo doméstico son actividades en las que percibir salarios de miseria —hasta de un euro la hora—, trabajar 12 horas siete días a la semana o recibir coacciones está “particularmente extendido”. Es la principal conclusión de un estudio que la Agencia de Derechos Fundamentales, dependiente de la UE, lanza hoy para alertar de que la crisis está propiciando la llamada explotación laboral severa, perseguible en los tribunales.

“Preguntamos a los expertos con cuánta frecuencia encontraban estas situaciones y una quinta parte de ellos identificaban explotación dos o más veces por semana. Es una experiencia cotidiana para la gente que trabaja sobre el terreno”, aseguró ayer a la prensa Albin Dearing, responsable del informe, que reúne más de 600 testimonios de policías, inspectores, sindicatos y otros profesionales con experiencia en 21 de los Estados miembros (España entre ellos). Este experto rechaza precisar si las situaciones de abuso son mayores en los países más golpeados por la crisis, pero concede que las dificultades económicas han aumentado los riesgos.

Uno de los principales obstáculos para superarlo es la fragilidad de las víctimas a la hora de denunciar la explotación. Pocas veces los extranjeros se atreven a presentar quejas. “No lo hacen por el riesgo de ser expulsados del país, por la falta de conocimiento de sus derechos o por miedo a las represalias”, explica el experto de la agencia europea, que pide mejorar las inspecciones. En España, la agricultura, la hostelería y el empleo doméstico encabezan los sectores que más vulneran los derechos básicos del trabajador.

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Sobre la firma

Lucía Abellán

La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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