Un excelente plan español para la UE

Sin reservas: es un “paper” excelente. La contribución española al próximo documento de los cuatro presidentes sobre el reforzamiento de la unión económica y monetaria, titulada “Better economic governance in the euro area” que este diario adelantó ayer, es la más europeísta —junto a la italiana— de las registradas hasta ahora. El Gobierno ha acertado a la hora de traducir el deseo ciudadano mayoritario de “más” y “mejor” Europa.

De las dos uniones preconizadas, la financiera-bancaria y la presupuestaria-fiscal, quizá sea esta última la más ambiciosa. El papel propugna una total “transferencia de la soberanía [nacional] sobre políticas de gastos e ingresos” a la UE (planteamiento federal inédito entre los Gobiernos); un presupuesto específico para la eurozona (en línea con los más reivindicativos think tanks europeístas); y una Agencia de deuda común, como instrumento de un Tesoro, todo ello gobernado por un Ministro de Hacienda (la vieja idea de Jean-Claude Trichet). Y el traspaso, también, del control democrático, aunque eso lo detalla menos.

Todo ello tiene traducciones muy concretas: lucha contra la evasión fiscal de las multinacionales; armonización de bases imponibles; NIF único para toda la eurozona; un presupuesto común sobre el que sea posible endeudarse en grado suficiente. El objetivo subyacente es priorizar el crecimiento, aunque esta pasión les llegue a los redactores (hasta ahora defensores a ultranza de la austeridad a ultranza), en el último cuarto de hora.

De ahí la insistencia en presupuestos más operativos —aunque no se deslindan las funciones del de los 28 de las del correspondiente a los 19 de la eurozona. De ahí la propuesta para expansionar el Plan Juncker: “Incluir, en el marco del Pacto de Estabilidad (PEC), una ‘regla de oro’ para la inversión, a aplicar a las inversiones favorables a la unión económica”. Con ella, los socios podrían desviarse, con límites, de su senda de ajuste fiscal.

A los sufridos lectores de esta densa columna esa música les sonará: “Hay que liberar a toda la inversión pública productiva, y no solo a parte de ella —como se ha hecho ya con la del Fondo Juncker, el pasado 13 de enero—, del cómputo-corsé del PEC a efectos de calcular el déficit. Es la ‘regla de oro’ de la inversión que pretendió Jacques Delors en 1990-91, no penalizarla, y que le diluyeron casi del todo en el texto final de Maastricht” (“Una Europa libre de corsés”, EL PAIS, 27 de febrero).

Se la diluyeron, pero un residuo sobrevive en el artículo 126.3 de Lisboa. Prescribe que en el informe de la Comisión sobre el cumplimiento fiscal “también se tendrá en cuenta si el déficit público supera los gastos públicos de inversión”. Se trata de subir de grado ese “también” y convertir la toma en consideración en mandato de exoneración de la inversión.

Es sugestiva otra de las propuestas españolas, —que sintonizan con las de las fundaciones progresistas Ebert y Alternativas, “Once desafíos para Europa”—: modificar el Tratado. Polémico y arriesgado, pero en parte puede hacerse (como para mejorar el Estatuto del BCE) por mayoría cualificada. Anima que alguien suba el listón justo cuando Londres pugna por bajarlo. Al menos, reequilibra.