¿Financiación tradicional o ‘crowdfunding’?

Lo tradicional frente a lo innovador, lo viejo frente a lo nuevo, lo conocido frente a lo desconocido. Si se echa la vista atrás, todo aquel que quería iniciar un proyecto y necesitaba financiación disponía únicamente de una serie de mecanismos tradicionales: acudir a una entidad bancaria y solicitar un préstamo o intentar conseguirlo a través de las 3F’s —Family, Friends & Fools (familia, amigos y “locos”)—.

Hoy día han nacido nuevas formas de financiación para que los proyectos vean la luz sin necesidad de acudir a los bancos, que dieron portazo a la concesión de crédito endureciendo las condiciones con la explosión de la crisis. Es en ese momento cuando el crowdfunding —o micromecenazgo— empezó a sonar fuerte como forma alternativa de financiación. Este modelo ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos, tanto que en España la financiación alternativa se triplicó, pasando de los 19 millones de euros de 2013 a los 62 del año pasado, según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge y EY.

La financiación colectiva ahora regulada

A medida que el crowdfunding ha ido cobrando cada vez más importancia y presencia en nuestro país, mayor era la necesidad de una regulación que aportase cierta seguridad a este sistema, tanto para inversores como para prestatarios. Se ha aprobado recientemente el Proyecto de Ley de Fomento de la financiación empresarial, en el que, a partir de su Título V en adelante, se estipula el régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa.

La regulación pone límites a la financiación participativa, aunque menos que los que el Gobierno presentó inicialmente. Ahora, un proyecto puede captar a través de este sistema hasta un máximo de cinco millones de euros, siempre que se trate de inversores acreditados o profesionales. Además, los inversores no acreditados no podrán realizar una inversión superior a 10.000 euros en un periodo de 12 meses ni invertir más de 3.000 euros en el mismo proyecto.

Hay quien se pregunta si verdaderamente esta regulación no será un intento para proteger el sistema de financiación tradicional: hay voces críticas con el crowdfunding que opinan que puede resultar, a la larga, una amenaza para el sistema financiero actual. Los profesionales del sector apuntan a que estas limitaciones suponen un freno para emprendedores, ya que de otra manera no pueden conseguir hoy día la financiación que necesitan, y también para los inversores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) será la encargada y responsable de supervisar que se respete la normativa. Además, se convierte en la institución que autorizará e inscribirá en un registro a las plataformas de financiación participativa en colaboración con el Banco de España. 

Lo que sí parece claro es que esta nueva regulación supondrá una mayor profesionalización del sector y que exista —al menos en teoría— un mayor control sobre las inversiones, lo que se traduce en un aumento de la seguridad.