El juez procesa a la cúpula de la CAM por saquearla en plena ruina

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha cerrado este lunes la investigación por el saqueo que sufrió la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a manos de su cúpula directiva en 2010 y el primer semestre de 2011, antes de que la entidad alicantina acabara siendo nacionalizada por su ruinosa gestión. El magistrado dictó por la mañana el auto de pase a procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento— contra ocho exdirectivos de la caja, a la que hubo que inyectar 5.249 millones de euros de fondos públicos. La CAM fue vendida por un euro al banco Sabadell en febrero de 2013, previa suscripción de un seguro contra pérdidas —un “esquema de protección de activos”— que supera los 10.000 millones, también sufragados por el Estado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 propone juzgar, entre otros, al expresidente de la CAM Modesto Crespo, a su ex director general Roberto López Abad, y a su adjunta Dolores Amorós.

En su auto el juez relata las maquinaciones supuestamente desplegadas por los exdirectivos para exprimir en su beneficio la caja que ellos mismos quebraron al exponerla al monocultivo del ladrillo en los años del boom inmobiliario y a los proyectos megalómanos del expresidente valenciano Francisco Camps, que hizo de la CAM uno de sus principales resortes de poder. Gómez Bermúdez concluye que los gestores de la CAM supuestamente alteraron las cuentas de 2010 y del primer semestre de 2011 en 210,3 millones de euros “para poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad”.

Para falsear las cuentas y cobrar los bonus en perjuicio de la propia entidad, los exdirectivos recurrieron a varias maniobras. Una de ellas fue “dar de baja” las provisiones realizadas para hacer frente a impagos de créditos de “muy baja calidad”. También se sacaron de la contabilidad —y del control del auditor externo— los llamados contratos de swap —permutas financieras, o acuerdos entre dos partes para el intercambio de sendos flujos de caja futuros—. Estas prácticas contables permitieron a la CAM presumir en agosto de 2011 de beneficios por valor de 65,3 millones de euros —y a los directivos ganar sus bonus—. En realidad, la situación era muy distinta: la caja alicantina, que ya había fracasado en su intento de fusionarse con otras entidades, sufría pérdidas por 1.136 millones, según los peritajes de la auditora KPMG, el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). “Los imputados obtuvieran beneficio económico a sabiendas de que no les correspondía, pues conocían perfectamente la situación real de la entidad”, afirma el juez.

La alteración de las cuentas, recuerda Gómez Bermúdez, “agravó la situación de insolvencia de la entidad, perjudicó a inversores y demoró la adopción de las medidas necesarias para evitar (...) la inyección de 5.249 millones” por parte del Fondo de Garantía de Depósitos. La CAM, que llegó a ser la cuarta caja de ahorros de España por activos, se había convertido en un riesgo para todo el sistema financiero español.

El juez ve acreditado que los imputados ocultaron conscientemente a la consultora externa Towers Watson que seis miembros de su comité de dirección se habían adherido al programa de reestructuración de la plantilla de la caja, mediante prejubilaciones, por valor de 15,5 millones de euros. Esta cantidad no se contabilizó en el resultado de 2010, evidentemente, como pérdidas. Las pruebas periciales practicadas concluyen que los exdirectivos “cobraron indebidamente 47,3 millones “por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser”.

Jubilaciones millonarias

En 2007, el Consejo de Administración contrató con Caser un complemento económico que se sumaría a la jubilación de los exdirectivos. La prima, equivalente al 60% del salario fijo en los últimos tres años, solo se podía abonar a los directivos con al menos cinco años de antigüedad. Sin embargo, relata el juez, a lo largo de los años siguientes, los exdirectivos fueron variando la cobertura en su propio beneficio al margen del Consejo de Administración. En 2010, acordaron el pago por adelantado de 25,6 millones de euros pese a que conocían la delicada situación de la entidad. Las diversas modificaciones, con fecha falsa, supusieron un perjuicio bruto para la CAM de 2,14 millones de euros.

El magistrado considera que el expresidente de la CAM Modesto Crespo “conocía, supo e intervino” en todas las decisiones dudosas

El magistrado considera que el expresidente de la CAM Modesto Crespo “conocía, supo e intervino” en todas estas decisiones. Respecto a su número dos y gerente de la entidad, López Abad, el juez sostiene que “desempeñó un papel relevante tanto en el proceso de elaboración de las cuentas anuales de 2010 como en la fijación de las retribuciones (…) que fueron pagadas indebidamente”.

Sobre la directora general adjunta, María Dolores Amorós, Gómez Bermúdez escribe que “fue la principal responsable de la elaboración de los estados intermedios –cuentas trimestrales y semestrales- de 2011” y “autorizó el pago de las retribuciones indebidas”. De Teófilo Sogorb, director de Planificación y Control de la CAM, el juez destaca que las cuentas que elaboró y certificó con cifras falseadas “sirvieron como base para las retribuciones indebidas”.

El director general de Recursos de la entidad, Vicente Soriano, es considerado “responsable de las irregularidades en materia de retribuciones”. Francisco José Martínez, director de Inversiones y Riesgo supuestamente conocía que las operaciones de titulización “se hacían para generar resultados de forma artificial”.

Sobre José Luis Sabater, director de Financiación, el juez sostiene que conocía que el objetivo de las titulizaciones “no era otro que servir de artificio a la alteración de las cuentas y de la imagen real de la entidad. Finalmente, sobre Salvador Ochoa, director de Información Financiera, el juez subraya su “importante papel” en la irregular contabilidad de las titulizaciones.

El juez atribuye a Crespo, López Abad y Amorós, y también a los exdirectivos Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco José Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa delitos de falseamiento de cuentas, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil que suman penas de hasta 16 años de prisión.