La CAM será vendida tras reflejar pérdidas en sus cuentas

La auditoría del Banco CAM, antes Caja Mediterráneo (CAM), reflejará una entidad en pérdidas a 31 de julio de 2011 "con total seguridad", según confirmaron a este periódico fuentes conocedoras del proceso que se está siguiendo para fijar su valor antes de ser subastada.

Los administradores del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) encargaron la realización de una auditoría de la CAM a la consultora KPMG con dos objetivos: uno legal y otro vinculado a su futura venta. El primero tiene que ver con la obligación legal de auditar el banco para realizar lo que se denomina una operación acordeón, consistente en una reducción y posterior ampliación del capital social de la empresa, cifrado en 12 millones de euros, que ejecutarán los administradores en cuanto dispongan de los resultados. La aplicación de los 2.800 millones inyectados por el Banco de España a la capitalización de Banco CAM le otorgará su porcentaje final de la propiedad.

"En ningún caso habrá un agujero contable" tras la auditoría

El segundo objetivo está relacionado con el negocio de su venta. Se trata de saber su situación patrimonial a 31 de julio de 2011, de la que los administradores ya conocen que reflejará pérdidas. Si todo transcurre con normalidad, la semana que viene estará finalizado el trabajo de campo y hacia mitad de septiembre estará concluido el informe de auditoría definitivo.

Paralelamente, dos empresas contratadas por el FROB continúan con la tarea de valorar el Banco CAM. Se trata de que de entre estas dos valoraciones salga el precio final que deberán pagar aquellas entidades que pretendan absorber a la caja alicantina, más allá de las ayudas públicas que decidan solicitar. Según fuentes de la caja, "la auditoría es el primer fotograma de la película completa que es la valoración de la empresa".

La explicación de por qué KPMG ya auditó la caja -lleva casi dos décadas haciéndolo- el año pasado y reflejó una realidad muy diferente de la que se presentará a 31 de julio es de carácter contable. El Banco de España estipuló que las entidades sometidas a procesos de fusión debían cargar todo el deterioro de los activos contra sus propias reservas, como así hicieron los auditores de la caja alicantina. Pero las cuentas de 2011, al haberse roto el SIP, deberán presentarse en solitario y la legalidad contable aboca a computar ese mismo deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias, no contra reservas. Así que lo lógico es que se produzca un incremento del deterioro de la entidad y presente pérdidas, "aunque en ningún caso habrá un agujero contable", según las mismas fuentes.

Pero hay dos factores más que incidirán en la diferencia contable que se producirá en los sietes meses que hay entre diciembre y julio. El primero es el deterioro de la situación económica general, que ha provocado una corrección general del sistema bancario y afecta a la totalidad de las entidades. El segundo es interno. Los directivos de la CAM, y toda la caja en general, descuidaron la gestión diaria y dedicaron todos los esfuerzos desde el pasado mes de enero a intentar vender el producto CAM de la mejor forma posible a inversores extranjeros que pudieran solventar la situación de la caja. Un "drenaje de recursos humanos", en palabras de un ejecutivo, que también ha afectado a la cuenta de resultados porque se ha descuidado la actividad "sobre el terreno".Aunque la CAM ya destinó casi 7.500 millones de euros a provisiones a lo largo de 2010 -unos 1.500 a mitad de ejercicio y otros 6.000 al final- el volumen de exposición de sus activos está entre 6.000 y 8.000 millones solo en préstamos concedidos a promotores inmobiliarios, una cantidad que, dada la realidad económica actual, será de difícil digestión.

Fuentes financieras aseguran que una de las entidades que mayor interés tiene en adjudicarse el Banco CAM es la BBK, en pleno proceso de fusión fría con otras dos cajas vascas, la Vital y Kutxa. De hecho, ya fue la entidad adjudicataria de la cordobesa Cajasur tras su intervención y solo necesitó 392 millones de ayuda pública. Además de mantener la marca en Córdoba, también se ha sostenido la Obra Social en esta provincia andaluza, aunque forzó despidos que no estaban previstos. Esta misma semana, BBK comunicó a la CNMV que dispone de 9.343 millones de liquidez, suficiente para cubrir los vencimientos de su deuda en los próximos siete años.

La intervención de Caja Mediterráneo (CAM) el pasado 22 de julio ha generado una gran contestación pública derivada de la histórica vinculación de la caja y su Obra Social a la provincia de Alicante. La entrada del Banco de España en Caja Castilla-La Mancha (CCM) en marzo de 2009 y en Cajasur en mayo de 2010, curiosamente tras romperse en ambos casos las negociaciones que mantuvieron con Unicaja, generó más debate político que social. Pero en Alicante, este lunes por la tarde hay convocada una manifestación frente a la sede del Banco de España, alentada y apoyada por los seis sindicatos de la caja (Sicam, UGT, CC OO, Alta, Vietnamita y CGT) para exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo tras la adjudicación a otra entidad. Ya el pasado 28 de agosto unas mil personas se manifestaron por las calles alicantinas convocadas por el movimiento 15-M. Aunque con diferentes proclamas y reivindicaciones, en ambos casos subyace el interés por que la CAM mantenga su raíz alicantina. Pero mientras unos abogan por la continuidad de la caja como banca pública y ética y exigen responsabilidades a los ejecutivos y miembros de los órganos de gobierno, las centrales sindicales miran por los intereses de los trabajadores. Los empresarios, por su parte, exigen que fluya el crédito. Y todos, el mantenimiento de la Obra Social.

Una gran parte de las críticas van dirigidas al Banco de España, considerado el responsable último de la decrepitud de la caja porque, en tanto que organismo regulador y supervisor del sistema financiero, no obligó a la entidad a modificar su rumbo. La decena de miembros del consejo de administración, la comisión de control o la asamblea general con los que ha hablado este periódico coinciden en que a ellos no se les puede imputar responsabilidad alguna. Todos, sin excepción, abundan en el discurso de que la actuación de la caja ha pasado por dos filtros: la inspección del Banco de España, que nunca puso objeciones, y la auditoría externa de KPMG, que, según dicen, no advirtió irregularidades. "Si ambos dan el visto bueno, yo no puedo poner pegas", apunta un miembro de la comisión de control, convocada una única vez por los administradores del FROB para presentarse y advertirles de que ellos no estaban sujetos a su fiscalización. "Esto es como si una casa se cae y le echan la culpa al peón de albañil", dice para defender la actividad del órgano al que pertenece, "porque yo no puedo juzgar si una operación financiera o una inversión va a dar pérdidas; nuestro cometido se ceñía a la legalidad de la actuación". Y en este aspecto, apunta directamente al exdirector general: "El responsable número uno es Roberto López Abad".

"Por no hablar del Instituto Valenciano de Finanzas", añade otro consejero de la entidad, que pretende distinguir entre lo que ha podido ser una mala gestión de la CAM y lo que sería una gestión fraudulenta. "Por una mala gestión empresarial habría medio país en la cárcel a la vista de la gran cantidad de empresas que han cerrado; otras cosa es la quiebra fraudulenta y no es el caso de la CAM", se justifica. "Aquí había unos protocolos establecidos y todos se han seguido".