Un exjefe de Hacienda califica de “coherente” la ‘amnistía Falciani’

La regularización fiscal que permitió en 2010 a centenares de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC librarse de la cárcel a cambio de pagar impuestos fue una decisión técnica y “coherente”. No fue una iniciativa política del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirector de Inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) Carlos Cervantes defendió el pasado jueves esta idea ante el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, que investiga la legalidad de una medida que se adoptó después de que las autoridades francesas comunicaran a Hacienda que 659 españoles ocultaban en el país helvético 6.000 millones de euros. La información remitida por las instituciones galas procedía de la primera lista Falciani.

El exdirectivo de la AEAT está imputado por un presunto delito de prevaricación. El origen de la causa es una querella del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Cervantes defendió en el juzgado la paternidad de la idea de no abrir inspecciones fiscales, que es el proceso habitual cuando se encuentran indicios de fraude. Y argumentó que, en su lugar, se invitara por carta a los defraudadores a presentar declaraciones complementarias para tributar por los fondos ocultos en Ginebra.

Según el exalto cargo, las inspecciones fiscales habrían fracasado por la “debilidad de las pruebas” y el “origen ilícito de la información”. La relación de evasores que manejaba Hacienda en mayo de 2010 procedía de los datos sustraídos del HSBC por el exinformático francoitaliano Hervé Falciani. Cervantes añadió que los archivos con los nombres de los evasores no estaban respaldados por documentos y que España se habría tropezado en sus pesquisas con la falta de colaboración de las autoridades Suizas.

Las frases que salpican la declaración judicial del exalto cargo de Hacienda, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, sostienen con fuerza esta idea. “La información era muy importante pero jurídicamente muy débil”, llegó a decir el exdirectivo en el juzgado de Instrucción número 37 de Madrid.

Cervantes insistió en el juzgado en renunciar a la vía penal. “La denuncia no habría solucionado el problema”. En su opinión, la inspección hubiera facilitado la prescripción de los delitos, ya que la información con los nombres de los evasores llegó a Hacienda en un CD el 24 de mayo, unos días antes de que prescribiera el plazo para liquidar la deuda tributaria de 2005. El camino elegido para ajustar cuentas con los defraudadores por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitió, según el antiguo cargo de Hacienda, imponer sanciones —se recaudaron 260 millones— y ofreció “información” sobre los contribuyentes que fue utilizada por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, para cercar futuros delitos fiscales.

Cervantes explicó que el correo electrónico que envió a los delegados territoriales de Hacienda en junio de 2010 para informarles sobre cómo proceder con los presuntos evasores españoles que figuraban en la primera lista Falciani fue un documento “muy pensado y meditado”. Su tesis choca con los argumentos expuestos en la querella del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, que considera que los antiguos directivos de la AEAT permitieron con su decisión “dejar impunes” a los presuntos evasores.

La exdirectora de Gestión de la AEAT María Dolores Bustamante, que también está imputada por prevaricación, defendió la regularización fiscal del Gobierno del PSOE. Argumentó en el juzgado que los datos de evasores hallados por Hervé Falciani no permitían distinguir quiénes sí eran los titulares de las cuentas en la filial suiza del HSBC. Y que la decisión de no llevar a cabo inspecciones fiscales no se tomó por la existencia de “personas relevantes” entre los presuntos evasores. Entre los contribuyentes que se beneficiaron de la decisión gubernamental se encontraba el banquero fallecido Emilio Botín y una decena de miembros de su familia.

El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, José María Mollinedo, considera que la notificación de la inspección habría interrumpido la prescripción de los delitos y permitido la condena de los presuntos defraudadores fiscales. Y añade que uno de los principios en los que se basan las dudas sobre la información recabada por Hervé Falciani, la existencia del secreto bancario, no es válido en España al no existir este delito.

El titular del Juzgado de lo Penal número 20 de Barcelona, José Alberto Coloma, censuró en una sentencia que el Gobierno del PSOE decidiera cobrar en lugar de castigar con la cárcel a los grandes defraudadores con fondos en la filial suiza del banco HSBC. El juez llegó a señalar que la medida del Ejecutivo de Zapatero tuvo un “dudoso soporte jurídico” y dejó sin castigo “la actitud defraudadora de las rentas más altas”.