Castilla y León ocultó un informe que alertaba sobre los intrusos del carbón

La existencia de intrusos en el régimen de la minería del carbón para prejubilarse con cargo al Ministerio de Industria antes de los 50 años no era solo un secreto a voces en las cuencas mineras. En marzo de 2009, dos actuarios de minas de Ponferrada (León) elevaron a sus superiores un informe de ocho páginas en el que alertaban de que en la empresa Alto Bierzo, del empresario de la minería Manuel Lamelas Viloria, había “anomalías” en los listados de la Seguridad Social. El documento señala la inclusión como barrenistas de directivos, oficinistas y hasta personal de Madrid que podían “ser constitutivas de fraude a la Seguridad Social”. Su informe quedó en un cajón. Los cargos de la Junta que debieron haberlo recibido niegan haberlo visto.

El 3 de febrero de 2009, una empresa contratada por Alto Bierzo entregó en el departamento de minas de la Junta de Castilla y León (PP) en Ponferrada el documento sobre “seguridad y salud”. “En dicho documento de seguridad y salud figuran una serie de trabajadores a los que se les ha otorgado categoría de ayudante de barrenista, ayudante minero, conductor, ingenieros técnicos, maquinista de tracción, minero de primera, oficial de segunda exterior, picador... y sin embargo no desempeñan dicho trabajo en la empresa”, escribió un mes después el servicio territorial de Industria en el Bierzo.

El entonces delegado autonómico niega conocer el informe

Esas categorías, las más duras, tienen un coeficiente reductor de 0,5, lo que implica que por cada año trabajado adelantan la prejubilación en medio año, sobre la ya reducida jubilación de la minería. Un minero que esté 20 años con ese coeficiente puede prejubilarse con 42 años.

El informe dice que Fernando Óscar Lamelas Pombriego, hijo del dueño, cotizaba como minero de interior. Ganaba 7.200 euros al mes y era directivo de la empresa. También figura José Antonio Balín Taboada, un directivo que ganaba 6.315 euros al mes, según el informe del administrador concursal que ahora gestiona la empresa. Los dos, con unos 50 años, están ya prejubilados con cargo a Industria. La empresa defiende que entraban en la mina y que así les daba protección.

El informe también apunta a personal de oficina, que debería tener un coeficiente de 0,05 (18 días por cada año trabajado) entre los que, siempre según el informe, había mujeres con el máximo coeficiente reductor asignado. “He tenido asignada la inspección de las instalaciones mineras de esta empresa desde hace varios años y nunca he tenido noticia alguna de la existencia de mujer alguna en el interior de los grupos mineros”, dice. Al final añade un listado de trabajadores de la mina de exterior y de un camionero dado de alta como minero de interior.

El principal accionista, Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio de León, niega que oficinistas hayan tenido coeficientes reductores como mineros o barrenistas. La jefa de Recursos Humanos, María Dolores Zapico Merayo, también niega irregularidades. “El régimen de la minería tiene un convenio en el que puede estar amparada la gente de oficina y eso es totalmente legal”, sostiene.

Fuentes del sector explican que en ocasiones las empresas dan de alta con categoría de interior a personal de exterior para ganar su fidelidad. “Si un camionero figura en interior nunca hará una huelga porque si le despides pierde la prejubilación, que es como la paga de Nescafé” dice un conocedor de la minería. La prejubilación máxima es de 2.500 euros al mes incompatible con otra remuneración. Todos los consultados han pedido el anonimato. Los sindicatos tampoco quieren aparecer.

Por último, el informe señala que había “trabajadores de empresas contratadas” que “están trabajando en el interior de las minas” que no se pueden acoger a esos beneficios porque eso exige un contrato y una antigüedad con una empresa con un cupo de carbón aprobado por Industria como es Alto Bierzo.

La mujer del director general de Minas trabajaba para el empresario

La conclusión a la que llegó es rotunda: “A juicio del técnico que suscribe es moralmente injusto que: 1. Quien de verdad está trabajando en el interior de la mina no se beneficie de lo dispuesto en el real decreto y sí se beneficie quien no trabaja en el interior. 2. Esta empresa beneficie a parte de sus trabajadores (inclusive directivos que ni siquiera visitan asiduamente las instalaciones mineras) a los que les adjudica coeficientes mineros que no les corresponden y se les atribuya los beneficios de un coeficiente reductor y una prejubilación que tienen que pagar el resto de los ciudadanos”.

Por ello propuso elevar el informe a la Inspección de Trabajo y al Ministerio de Industria. Pero nunca salió del cajón. El entonces delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Fernández, afirma que nunca le llegó el documento. “No tengo constancia en absoluto. Me habría encantado verlo”, explica en los pasillos del Congreso de los Diputados, en los que es parlamentario por el Partido Popular de León desde 2011. Este no duda de la veracidad del contenido: “Todos sabemos que con labores administrativas hay gente que está en la prejubilación”.

El otro posible destinatario es el director general de Minas de Castilla y León, Ricardo González Mantero. La sede de Minas está también en León pero este afirma a través de un portavoz que tampoco le llegó la documentación. Fuentes conocedoras del documento confirmaron el viernes que el documento está en la delegación territorial de la Junta en León sin sello de registro de entrada.

González Mantero tenía vinculación indirecta con el poderoso Viloria, de cuya empresa trata el informe. La esposa del alto cargo autonómico, María Fe Alvárez Fortes, fue empleada de Carbones Viloria como administrativa entre enero de 2005 y junio de 2013, según admite el propio Mantero. Este fue nombrado director general de Minas un año después de que su esposa entrara a trabajar a sueldo de Viloria.

Empleados que trabajan en el interior de las minas no se benefician de la prejubilación

Estas fuentes autonómicas no pueden explicar por qué ninguno de los posibles receptores llevó el caso a la Inspección de Trabajo como recomendaban los funcionarios. Sí insisten en que la vigilancia de los coeficientes reductores de la prejubilación no es competencia autonómica sino de la Seguridad Social, del Ministerio de Empleo, o del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria. Estos son los que tienen acceso a los datos de la Seguridad Social y no los técnicos autonómicos de Minas.

El Ministerio de Industria no ha detectado intrusos y afirma que “el plan se desarrolla sin incidencias”. Solo en 2015 hay presupuestados 271 millones de dinero público para prejubilaciones del carbón.

Otro de los empresarios del carbón, José Fernández Nieto, conocido como Silvano, presidente del club de fútbol La Ponferradina, dueño de Carbones Arlanza y de otras empresas, cotizó entre 2008 y 2009 como picador de carbón en la empresa rival Uminsa.

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