Hacienda rechaza blindar a Bankia por las pérdidas de la salida a Bolsa
La disputa entre Guindos y Montoro es la primera injerencia política en la gestión del banco
Las posibles indemnizaciones a los inversores que compraron acciones de Bankia durante su salida a Bolsa han desencadenado un nuevo pulso entre los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. En el ministerio de Hacienda se resisten a blindar a Bankia por las pérdidas derivadas de las posibles reclamaciones, tal y como pedían en Economía. Luis de Guindos propone limitar al 38 % las cuantías de las compensaciones que asuma Bankia. En el Gabinete del ministro Montoro, sin embargo, no quieren oír hablar de que las indemnizaciones se paguen a costa del contribuyente. Es decir, se niegan a que BFA, matriz de Bankia, y propiedad al 100 % del Estado, se haga cargo del grueso de los pagos. Y menos, a tres meses de las elecciones autonómicas y locales, cuando Bankia estaba llamada a ser ejemplo de gestión del Gobierno del PP.
El Departamento que dirige Cristóbal Montoro no tiene prisa por determinar quién debe costear las reclamaciones sobre todo cuando aún no hay sentencias firmes. Hacienda quiere ganar tiempo hasta ver como se desarrolla el asunto en el ámbito judicial. La Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, está en la misma sintonía.
Esta tesis difiere de la defendida en público por el ministro de Economía. Luis de Guindos propuso hace unos días que las pérdidas atribuidas a Bankia por las indemnizaciones se limitasen al 38 % y el resto, el 62 % restante, sería soportado por BFA, propiedad 100 % del Estado a través del FROB. El ministró razonó que como BFA ostenta el 62 % de Bankia esa es la participación en las pérdidas que le correspondería. En realidad, las pérdidas que soporte Bankia repercutirán finalmente en BFA, ya que tendría menos beneficios y dividendos. Por lo tanto, castigaría indirectamente a los contribuyentes.
Mientras aumenta la tensión entre ambos ministerios, el Banco de España aún no se ha manifestado sobre el asunto. Una indefinición que ha levantado suspicacias en Economía y en Hacienda. En Bankia contemplan el pulso con preocupación. Para la entidad, esta polémica supone la primera injerencia política del Gobierno durante la gestión de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad. El argumento del banco es que si Bankia tuviera que anotarse todas las pérdidas derivadas de las compensaciones por la salida a Bolsa, se generaría una incertidumbre que lastraría el valor de la acción. Esta situación, además, atrasaría la privatización de nuevos paquetes de acciones que dificultaría la recuperación de parte de los 22.424 millones inyectados por el Estado.
La entidad cree que asumir toda la indemnización lastraría al Estado
La cuantía de las compensaciones judiciales aún está por determinar. Bankia salió a Bolsa en julio de 2011 en una operación en la que captó 3.092 millones de euros. De esa cantidad, 1.239 millones fueron colocados entre inversores institucionales y el resto, 1.853 millones, entre unos 350.000 pequeños accionistas. De ellos, unos 200.000 mantuvieron los títulos hasta la reducción del 99,8 % del capital por el rescate del Estado. Economía calcula que las indemnizaciones no superarán los 600 millones.
En el banco existe preocupación por determinar el modo de reparto para poder presentar sus cuentas correspondientes a 2014. Si Bankia no tiene un documento firmado por el FROB en el que se comprometa a asumir una parte de las indemnizaciones, el auditor le obligará a provisionar todas las posibles pérdidas.
El Gobierno espera que el Banco de España se pronuncie sobre el asunto
El auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acentuado la división en el Gobierno. El juez fijó el viernes pasado una fianza de 800 millones de forma solidaria entre BFA "como accionista único de Bankia", y Bankia, así como su antigua cúpula directiva —Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas—. Aunque las partes han recurrido la decisión judicial y han dejado claro que discutirán por el reparto de la fianza, lo cierto es que parece que el Estado tendrá anotarse una parte de la fianza. El hecho de que el juez señale a BFA como responsable de parte de la fianza, hace que el Estado sea partícipe de este problema. El auto puede generar una avalancha de demandas de accionistas. "Los estados financieros contenidos en el folleto de la OPV de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad", manifestó el juez.
En los próximos días se reunirá el comité rector del FROB para tomar una decisión. Bankia espera un solución la próxima semana.
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