AFI ve “carencias” en políticas activas de empleo y aboga por digitalizarlas

Los servicios públicos de empleo deben renovar su estrategia en políticas activas, aquellas medidas encaminadas a promover una mayor y mejor coordinación entre oferta y demanda de trabajo. Así lo revela un estudio elaborado por la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) en colaboración con Google y la Universidad de Alicante para el Observatorio Adei, que urge a las autoridades a “digitalizar” sus sistemas para acompasar los objetivos de eficacia —reducción del desempleo y mejora de la formación de los parados— con la “ineludible” eficiencia en el uso de los recursos públicos. La mejor manera de combinar ambas variables es, según esta investigación conjunta, el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), una de las grandes asignaturas pendientes de España, y que permitiría la gestión y almacenamiento de grandes volúmenes de información a un coste reducido.

El análisis, publicado este martes, compara el sistema español con el de cuatro servicios públicos de países europeos con un mercado de trabajo mucho más equilibrado —Alemania, Austria, Francia y Reino Unido— y que han introducido herramientas técnicas que permiten una mejor gestión de la oferta y la demanda de trabajo y revela “carencias” al equipararlos. El estudio concluye que España debe aprender de sus vecinos del norte y adaptar sus iniciativas de digitalización a las “características específicas” que definen el desempleo español. Las aplicaciones tecnológicas que emplean estos Estados permiten cruzar las características de las personas desempleadas con la demanda empresarial.

Las deficiencias identificadas van más allá de la digitalización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El estudio destaca dos datos que demuestran la carencia de recursos: pese a que el número de desempleados se ha más que duplicado en los últimos siete años (de 2,1 a 5,6 millones), el gasto por desempleado ha disminuido y la carga media de trabajo por cada funcionario de los servicios públicos de empleo es la segunda más elevada de la UE, solo superada por Grecia. Según datos de la OCDE citados en la investigación, cada trabajador del Sistema Nacional de Empleo atiende una media de 269 casos de desempleados. En el extremo opuesto, tres modelos de referencia en lo que a políticas activas de empleo se refiere —Reino Unido, Dinamarca y Alemania— presentan las ratios más bajas de casos atendidos por funcionario (22, 36 y 47 respectivamente). "Debería haber una adaptación de los servicios de empleo al enorme volumen de parados, aunque no tiene por qué pasar por una mayor contratación de personal", subraya este trabajo. La solución pasa, una vez más, por acelerar la implantación de "herramientas modernas de activación" que permita mayor eficacia con los mismos recursos existentes en la actualidad. En este sentido, el documento pide tiempo para evaluar el impacto de la reciente reforma de las políticas activas de empleo.

Los investigadores de AFI, Google y la Universidad de Alicante analizan al detalle un fenómeno que destacan como especialmente grave en España en particular: el paro de larga duración. Según los últimos datos anuales comparables, de 2013, la tasa de españoles que llevan un año o más en paro asciende al 13%, frente al 5,1% de media en la UE. Dentro de este colectivo, los parados que llevan más de dos años sin empleo ya representan las dos terceras partes del total de parados de larga duración, una de las ratios más altas del Viejo Continente. Para resolver este problema —"la cara más amarga de la recesión"— en un momento de pérdida general de empleabilidad de los parados, las políticas activas de empleo requieren de una "personalización mayor" que solo es posible lograr, según los firmantes del estudio, mediante la "extensión e intensificación de las TIC".