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Bruselas recurre la sentencia que avala ayudas a empresas españolas

La norma permitía a firmas como Telefónica, Banco Santander, Iberdrola o Abertis deducirse la adquisición de otras compañías en el exterior

Nuevo capítulo en la batalla judicial a cuenta de las ayudas millonarias concedidas por el Gobierno español a grandes multinacionales. La Comisión Europea ha recurrido la sentencia del Tribunal General de la UE que avaló la norma que permitía a empresas de la talla de Telefónica, Banco Santander, Iberdrola o Abertis deducirse la adquisición de otras compañías en el exterior, según explicaron a este diario fuentes de Competencia. La posición del Ejecutivo comunitario contra estas ayudas fiscales no es nueva: ya declaró ilegal esta práctica para compras en territorio europeo y para operaciones fuera de los límites de la UE, y en octubre obligó al Gobierno español a recuperar las ayudas a estas grandes corporaciones por una interpretación posterior del Gobierno de Rajoy.

Un mes después, cuando el Tribunal de Luxemburgo hizo público el fallo, fuentes comunitarias consultadas por este diario veían “grandes posibilidades” de ganar el caso en segunda instancia, tras el recurso presentado en los últimos días con el plácet de los servicios jurídicos de la Comisión.

Un portavoz de Competencia confirmó que ya ha hecho llegar “en los últimos días” un recurso contra el fallo del Tribunal sobre el dictamen de noviembre, que afectaba directamente a Santander, a su filial Santusa Holding y a Autogrill España y que, indirectamente, sembraba dudas sobre los casos de Telefónica, Banco Santander, Iberdrola y Abertis.

En marzo de 2012, el Ejecutivo de Rajoy aprobó aplicar retroactivamente ayudas fiscales por la compra de participaciones financieras en empresas extracomunitarias por la puerta de atrás: con una consulta vinculante a través de Tributos. Bruselas obligó a España a recuperar ese dinero, al considerarlo procedente de una ayuda de Estado ilegal. La primera sentencia supuso un varapalo para la Comisión: consideraba que no había conseguido probar la ilegalidad de este tipo de ayudas. Ahora el recurso deja todo en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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