Los ejecutivos serán responsables de los riesgos tributarios

Esta semana ha entrado en vigor la Ley de Sociedades de Capital que endurece la responsabilidad tributaria del consejo de administración de las empresas. La norma concibe el “riesgo fiscal” como un elemento dentro del gobierno corporativo. Establece que los consejos de administración deben aprobar las operaciones con riesgo tributario y comunicarlas a través de los informes de gobierno corporativo. De esta forma, Hacienda obligará a los ejecutivos de las grandes compañías a responsabilizarse de los riesgos tributarios frente a los accionistas. También les obliga a hacerlos públicos en el informe anual de gobierno corporativo que se difunde junto a las cuentas anuales.

La norma, obligatoria para todas las empresas que cotizan en Bolsa, supone un cambio en la asunción de la responsabilidad fiscal de las empresas porque hasta ahora los responsables de los contenciosos tributarios eran los departamentos financieros. A partir del 1 de enero se extenderá esa responsabilidad a los miembros del consejo. Algunos estudios muestran que solo el 17% de las compañías refleja alguna mención a la estrategia tributaria adoptada por el grupo empresarial. En el caso del Ibex 35, solo el 37% de las empresas publica alguna información sobre el riesgo tributario.

Solo el 17% de las compañías refleja alguna mención a la estrategia tributaria adoptada por el grupo empresarial

La Ley de Sociedades de Capital establece que entre “las materias indelegables del consejo de administración” figura la aprobación de las operaciones o inversiones que por su elevada cuantía tengan carácter estratégico o supongan un especial riesgo fiscal, según señala el artículo 295. A partir de ahora, también es obligatorio que el consejo apruebe la creación o adquisición de participaciones en entidades domiciliadas en paraísos fiscales.

Un estudio del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa concluye que casi todas las firmas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Ahora será obligatorio informar de las operaciones para constituir o adquirir sucursales en estos territorios.

La ley sigue la estela de otras normas internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con la Ley Sarbanes-Oxley que obliga a adjuntar a las cuentas anuales un informe de los administradores sobre la fiabilidad de los controles internos de la compañía, entre los que incluye los riesgos tributarios. La OCDE también apuesta por extender esta normativa para garantizar que la información fiscal que presentan las empresas es completa y correcta.

El texto de la norma también refuerza el papel de las comisiones de auditoría de las grandes compañías. Establece entre las obligaciones de estos departamentos de auditoría “el control y la supervisión de los sistemas de gestión de riesgos fiscales”. Asimismo, la norma establece que estas comisiones que examinan las cuentas y el funcionamiento de la compañía “deberán informar con carácter previo al consejo de administración” sobre las inversiones que impliquen la creación o adquisición de participaciones de entidades en paraísos fiscales.

La ley, que entró en vigor el 24 de diciembre y comenzará a aplicarse el 1 de enero, afectará al 80% de las sociedades mercantiles, lo que supone unas 977.300 empresas, según la memoria de la norma publicada durante su tramitación parlamentaria.