Presupuestos subordinados

Cualquier ejercicio de presupuestación, también el de los estados, busca satisfacer al menos un objetivo, y para alcanzarlo ha de sortear unas restricciones, entre otras, las derivadas del entorno económico en el que operan. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 el gobierno declara que su principal propósito es contribuir a la recuperación del crecimiento económico y del empleo. En realidad, la autonomía del Gobierno para conseguirlo es muy limitada. La prioridad, el punto de partida en su elaboración, es intentar cumplir con las exigencias europeas de reducción del déficit público, que no puede exceder del 4,25% del PIB. Esta es una restricción que limita de forma muy significativa su compatibilidad con otros propósitos.

A esa subordinación de los objetivos a exigencias externas se añade la que viene determinada por las hipótesis que refleja el cuadro macroeconómico. La previsión de crecimiento del PIB y sus componentes son los principales determinantes de la generación de ingresos públicos con los que hacer frente a los gastos correspondientes. Que la economía española crezca en 2015 ese 2% previsto por el Gobierno dependerá de que las tres mayores economías de la eurozona —Alemania, Francia e Italia—, nuestros principales clientes, abandonen el estancamiento, cuando no la recesión, en que están inmersas. Si no es así, las exportaciones españolas no crecerán el 5,4% previsto, y el sector exterior, en lugar de contribuir al crecimiento, puede acabar reduciéndolo.

Los indicadores más contemporáneos confirman que el estancamiento en el segundo trimestre de la eurozona puede continuar. La confianza, en particular la de los empresarios, ha declinado en septiembre. También en este mes se han debilitado algunos indicadores de demanda de las familias españolas, en línea con lo que advertía el Banco de España en su último informe. Endeudamiento elevado de familias y empresas, estancamiento de la renta de las familias y ausencia de inflación no incitan al aumento del consumo y la inversión, y tampoco fortalecen la resistencia de la economía a caídas de la demanda de nuestros principales clientes.

Para que los PGE se cumplan, para que esas reducciones de impuestos directos que incorporan se traduzcan en liberación efectiva de renta disponible, es necesario que haya más demanda en Europa. Si el arsenal desplegado por el BCE tarda en normalizar el crédito y alejar la deflación no habrá más remedio que flexibilizar las restricciones de política presupuestaria que pesan sobre algunos países que no crecen y asumir la expansión de la inversión pública de aquellos, como Alemania, que crecen y tienen unas finanzas públicas saneadas. Y hacerlo cuanto antes.

En ausencia de esa complicidad europea, no será fácil que la economía española intensifique su ritmo de crecimiento el año que viene hasta el 2% previsto, ni que la recaudación impositiva crezca ese 5,4% (casi 10.000 millones de euros más que la estimación de cierre de este año) que el Gobierno anticipa. Y, en consecuencia, será difícil alcanzar el déficit público que nos impone Bruselas sin reducciones adicionales de gasto.

Subordinación es también la que esos PGE definen al comportamiento de los mercados financieros, relevante para que la evolución de los tipos de interés sobre el elevado endeudamiento público y privado de nuestra economía no aporte sorpresas desagradables sobre esa consignación de 35.000 millones de euros para remunerar una deuda publica creciente. Es incluso probable que esa partida se beneficie de un entorno de muy bajos tipos de interés, consecuente con el temor del BCE a la continuidad de esa perversa combinación de estancamiento y cercanía a la deflación. Demasiada subordinación, en definitiva, para el principal instrumento de influencia del estado en la economía.