La inversión del Estado crece por primera vez desde el inicio de la crisis

Los últimos presupuestos de la legislatura contemplan el primer aumento en la inversión pública desde que arrancó la crisis en 2008. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó ayer durante la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales para 2015, que la inversión del Estado crecerá el 6%, sin tener en cuenta los recursos adicionales que destinen las empresas públicas, como Adif o Enaire. En términos absolutos el aumento, en año electoral, será muy tímido, de apenas 300 millones de euros, ya que parte de un nivel muy bajo.

La inversión pública ha sufrido un gran bocado durante los últimos años por la voracidad de las Administraciones para ajustar sus maltrechas cuentas públicas. Recortar en obras e infraestructuras era más fácil que hacerlo en otros capítulos más sensibles como en sanidad y educación o servicios sociales, que también han sufrido mordiscos.

La inversión real del Estado —sin incluir transferencias de capital, ni empresas públicas— cayó de los 14.068 millones presupuestados en 2008 hasta los 4.728 millones este año, lo que representa una disminución del 66%. Este es el nivel más bajo desde 1998.

Las instituciones internacionales —Banco Central Europeo, FMI o el G20— reclaman más inversión pública para relanzar la economía europea, en aprietos tras el frenazo de Francia, Italia y Alemania. Estos países registraron números rojos durante el segundo semestre del año y amenazan con agravar la situación económica de Europa.

Por eso, el Ejecutivo acompaña el aumento de inversiones con "un plan para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia" dotado con 2.187 millones, procedentes en su mayoría de anticipos de los fondos europeos que España tiene que recibir en el periodo 2014-2020. Aunque el Estado apenas aportará 450 millones, el plan recoge inversiones en ahorro de energía y reducción de emisiones por 250 millones; inversiones en saneamiento y depuración por 200 millones. Además, destina otros 200 millones para impulsar la I+D empresarial; otros 100 millones para garantizar la conectividad digital, así como reserva 470 millones para un plan de acción contra el desempleo juvenil. Por último, también prevé destinar 1.067 millones en instrumentos financieros para facilitar la liquidez de las pymes.

Los Presupuestos de 2015 están marcados por la bajada de impuestos

Pero si algo marcará los Presupuestos para 2015, condicionados por el periodo electoral, será la reforma fiscal que el Gobierno aún tramita en el Congreso. El nuevo marco tributario —que se aplicará en dos fases (en 2015 y 2016)— rebajará el IRPF y el impuesto sobre sociedades para todos los contribuyentes, con un coste estimado para las arcas públicas de cerca de 9.000 millones de euros.

Pese a ello, los ingresos tributarios crecerán, según su estimación, en cerca de 10.000 millones respecto a la recaudación prevista para este año por la mejora de la evolución económica. El Gobierno espera ingresar 186.111 millones procedentes de los impuestos, aunque deberá ceder una parte de esa cantidad a comunidades y ayuntamientos para la financiación de sus servicios.

Todas las grandes figuras tributarias (IVA, sociedades e impuestos especiales) recaudarán más el próximo año, excepto el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que cosechará casi 460 millones menos que este año por la rebaja de tramos y tipos de la reforma fiscal. En total, los ingresos no financieros del Estado ascenderán a 133.712 millones, un 4,3% más que las previsiones aprobadas para este año.

Estas proyecciones no están siendo muy acertadas porque la recaudación tributaria esperada para este año, 176.627 millones, es unos 3.100 millones inferior a la proyectada en los Presupuestos de 2014. El ministro de Hacienda explicó ayer que una parte importante de esa desviación se debe al pago del céntimo sanitario —un recargo al consumo de hidrocarburos para financiar la sanidad que se aplicó entre 2002 y 2012—. Una sentencia judicial del Tribunal de la UE obliga a España a devolver este impuesto por considerarlo ilegal. Montoro avanzó ayer que en las próximas semanas se pagarán 2.000 millones de euros a las asociaciones de transportistas y a los contribuyentes, sobre todo los autónomos que guarden los recibos de repostaje, que reclamen la devolución del impuesto. "Cuando sucede una obligación derivada de una sentencia, se imputa en el ejercicio donde ha tenido lugar", señaló el titular de Hacienda, quien remarcó que las cuentas públicas para 2015 tienen que ajustarse al objetivo de déficit público acordado con Bruselas, en el 4,2% del PIB, lo que obliga a un ajuste de algo más de 13.000 millones. La mayor parte llegará de la mejora de la economía y el aumento de la recaudación tributaria pero el Gobierno también recortará la mayor parte de las partidas de gasto.

El Gobierno, obligado a devolver 2.000 millones por el ‘céntimo sanitario’

El techo de gasto no financiero cae un 3,2% hasta los 129.060 millones de euros. Los intereses se mantendrán como el mayor capítulo de gasto del presupuesto con 35.490 millones. A pesar de que la deuda pública sigue creciendo —se aproximará al 100% del PIB en 2015— los gastos financieros se reducen un 3% respecto al presupuesto de este año. Aunque si se compara la ejecución real, el gasto en intereses volverá a subir como lleva haciéndolo durante todos los años desde que estalló la crisis.

Los ministerios tendrán menos recursos para gastar. El gasto disponible para los ministerios —transferencias, programas de inversión y subvenciones— se reduce un 0,2% hasta los 34.526 millones de euros.

El Estado también rebaja la aportación que realiza a la Seguridad para sufragar las clases pasivas, las prestaciones y subsidios por desempleo, hasta los 27.970 millones, un 14,8% menos que este año. Solo el ahorro en prestaciones por desempleo asciende a 4.100 millones de euros porque se espera que haya menos trabajadores cobrando el paro por la mejora del mercado laboral.

Otro de los grandes capítulos de gasto público son las pensiones. El Ejecutivo ha aprovechado que los precios están prácticamente congelados para aplicar el nuevo índice de revalorización de las pensiones, que prevé un aumento de "al menos el 0,25%". Esto supondrá que el gasto en pensiones crecerá entre un 3% y un 3,5%, según Montoro, lo que dejará el gasto en pensiones en torno a 115.000 millones de euros.