La moratoria ‘a la Griesa’ de Argentina

El 30 de julio pasado los acreedores de Argentina no recibieron su pago semestral sobre los bonos reestructurados tras la última moratoria de este país, en el año 2001. Argentina había depositado 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon unos días antes para dicho efecto. No obstante, este banco no pudo transferir los fondos a los acreedores: el juez federal de EE UU Thomas Griesa había ordenado que Argentina no podía pagar a los acreedores que aceptaron su reestructuración hasta que primero pague completamente —incluyendo el pago de intereses vencidos— a aquellos acreedores que se negaron a participar en dicha restructuración.

Por primera vez en la historia, un país que está dispuesto y tiene la capacidad para pagar a sus acreedores no puede hacerlo porque un juez se lo impide. Los medios de comunicación denominan a la situación como una suspensión de pagos por parte de Argentina, pero el hashtag #griesafault en Twitter describe dicha situación de manera mucho más precisa. Argentina ha cumplido con las obligaciones que tiene con sus ciudadanos, y también con las que tiene con sus acreedores quienes aceptaron la reestructuración que este país realizó. El fallo de Griesa, sin embargo, alienta el comportamiento usurero, se torna en una amenaza para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales y desafía un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo.

Las moratorias soberanas son eventos comunes que tienen muchas causas. Para Argentina, la ruta a su suspensión de pagos del año 2001 comenzó cuando su deuda soberana se incrementó rápidamente en la década de los años 1990; dicho aumento se produjo de manera concurrente a las reformas económicas neoliberales del “consenso de Washington”, las mismas que, según las creencias de los acreedores, iban a enriquecer al país. El experimento falló, y el país sufrió una profunda crisis económica y social, con una recesión que duró desde el año 1998 hasta 2002. Al final de dicho período, se alcanzó un porcentaje récord: el 57,5% de los argentinos se encontraban viviendo en niveles de pobreza, y la tasa de desempleo se disparó hasta alcanzar un 20,8%.

Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en 2005 y 2010. Más del 92% de los acreedores aceptaron el nuevo acuerdo, y recibieron bonos intercambiados y bonos indexados al PIB. Todo funcionó bien, tanto para Argentina como para los que aceptaron la reestructuración. La economía creció vertiginosamente, por lo que la rentabilidad de los bonos indexados al PIB fue muy generosa.

Pero los llamados inversores buitre vieron la oportunidad de obtener beneficios aún mayores. Los buitres no eran ni inversores a largo plazo en Argentina, ni optimistas que creían que las políticas del “consenso de Washington” funcionarían. Eran, simplemente, especuladores que se abalanzaron tras la moratoria del año 2001 y compraron bonos, que fueron vendidos por inversores en pánico a un precio equivalente a una fracción de su valor nominal. Posteriormente, demandaron a Argentina para obtener el 100% de dicho valor. NML Capital, una filial del fondo de cobertura Elliot Management, cuyo ejecutivo principal es Paul Singer, invirtió 48 millones de dólares en bonos en 2008; gracias al fallo de Griesa, NML Capital ahora debería recibir 832 millones —una ganancia de más del 1.600%—.

Las cifras son tan altas, en parte, debido a que los buitres buscan cobrar su inversión con los intereses, intereses que, en el caso de algunos valores, incluyen una prima de riesgo país —el tipo de interés más alto ofrecido cuando se emitieron los bonos para compensar la percepción de que existía entonces de que había una posibilidad de suspender pagos—. Griesa consideró que esos tipos eran razonables. Económicamente, sin embargo, no tienen ningún sentido. Cuando un país paga una prima de riesgo sobre su deuda, significa que la moratoria es una posibilidad. Pero si un tribunal dictamina que un país siempre debe reembolsar su deuda, no existe un riesgo de suspender pagos que deba ser compensado.

El reembolso en los términos estipulados por Griesa devastaría la economía argentina. NML Capital y los otros buitres, que a pesar de que en su conjunto solamente representan al 1% de los acreedores, recibirían un total de 1.500 millones de dólares. Otros acreedores que se negaron a participar en el proceso de reestructuración (un 6,6% del total) recibirían 15.000 millones. Y, debido a que en la reestructuración de la deuda se estipula que todos los acreedores que aceptaron dicha restructuración podrían demandar que sus deudas sean tratadas de acuerdo con los mismos términos que se otorgan a los acreedores que se negaron a participar en la quita, Argentina podría entrar en apuros ya que tendría que pagar 140.000 millones adicionales.

Por lo tanto, cada ciudadano argentino podría adeudar más de 3.500 dólares —es decir, más de un tercio del ingreso promedio anual per cápita. Si se aplicará la proporción equivalente en Estados Unidos, ello significaría que todos los ciudadanos estadounidenses estarían obligados a pagar alrededor de 20.000 dólares—, un dinero que iría a llenar los bolsillos de algunos multimillonarios que están decididos a exprimir a Argentina y dejarla sin un centavo.

Pero, además, la existencia de las permutas por incumplimiento crediticio (CDS por su denominación en inglés) crea la posibilidad de mayores ganancias para los buitres. Una permuta de incumplimiento crediticio otorga un seguro frente a un incumplimiento, ya que paga en caso de que los bonos no paguen. Los CDS pueden producir ganancias sustanciales, independientemente de si los bonos son o no son reembolsados —reduciendo de esta manera el incentivo que tuviesen los titulares de los bonos para llegar a un acuerdo—.

En el período previo al 30 de julio, los buitres llevaron a cabo una campaña del miedo. Ellos aseveraban que una segunda suspensión de pagos en 13 años sería un gran revés para Argentina, ya que amenazaría a la frágil economía del país. Sin embargo, todo ello se basaba en la conjetura de que los mercados financieros no irían a distinguir entre una suspensión de pagos corriente de una moratoria a la Griesa, o como se la denomina en inglés una Griesafault. Afortunadamente, los mercados sí hicieron esa distinción: los tipos de interés para las diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas no reaccionaron ante el suceso. De hecho, los costos de endeudamiento al 30 de julio fueron más bajos que la media de todo el año.

En última instancia, sin embargo, se pagará un precio alto por esa moratoria a la Griesa -—el precio será menor para Argentina que el que tendrá que pagar la economía mundial y los países que necesiten acceso a financiación externa—. EE UU también sufrirá. Sus tribunales han sido una farsa: como un observador ha señalado, queda bien claro que Griesa nunca ha llegado a desentrañar la complejidad del tema. El sistema financiero de Estados Unidos, que ya ha ganado práctica en explotar a estadounidenses que viven en niveles de pobreza, ha ampliado sus esfuerzos, expandiéndolos a nivel mundial. Los prestatarios soberanos no van a confiar —ni deberían— en la imparcialidad y competencia del poder judicial de EE UU. El mercado para la emisión de dichos bonos se trasladará a otro lugar.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia. Martin Guzmán es investigador del Departamento de Economía y Finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

  Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

© Project Syndicate, 2014

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