El Constitucional portugués anticipa el fin de los recortes salariales a los funcionarios

Para atajar el déficit público, el Gobierno portugués había pactado con Bruselas prolongar los recortes salariales a los funcionarios hasta 2015, para ir suavizándolos después, hasta revertirlos en 2019. Y había reformado el impuesto a los pensionistas, para hacerlo más liviano, pero permanente. Escarmentado por rechazos anteriores del Tribunal Constitucional a ajustes tan drásticos, Lisboa hizo una consulta previa al Alto Tribunal, que este jueves volvió a poner límites al Ejecutivo: las rebajas salariales deben cesar en 2016, y el propósito de una tasa permanente a los pensionistas es, directamente, inconstitucional. La consecuencia es que el Gobierno luso tendrá que idear nueva medidas de ahorro para cumplir con la UE.

Los jueces del Alto Tribunal, que analizaron la ley a instancias del presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, coincidieron en que los recortes previstos para los próximos años son parcialmente contrarios a la Carta Magna y obligan al Ejecutivo a realizar nuevos ajustes por valor de más de 500 millones de euros al año. El Constitucional ha considerado durante los tres últimos años ilegales recortes del gasto público por valor de varios miles de millones de euros y ha llevado al Gobierno a poner en marcha alternativas para cumplir con las exigencias de la UE y el FMI, que acudieron al rescate de las finanzas públicas portuguesas en 2011.

Las medidas analizadas, que afectaban a casi un millón de portugueses entre pensionistas y funcionarios, habían sido aprobadas por el Gobierno conservador para acometer una reforma a medio plazo con la meta de sanear las cuentas. Así, los trabajadores públicos sufrirán de nuevo un recorte diseñado por el anterior Gobierno socialista (2005-2011). Tendrán una reducción de entre el 3,5 % y el 10 % en los salarios superiores a 1.500 euros mensuales, pero solo hasta 2016.

Veto en pensiones

Los jueces justificaron esta aprobación parcial debido a la necesidad de que el Gobierno baje su déficit público, tal y como pidió la troika, integrada por el FMI, la UE, y también por el Banco Central Europeo.

Sin embargo, la norma sobre las pensiones no entrará en vigor por “la violación del principio de protección de confianza”, según el fallo de los jueces. Esta ley consistía en un plan definitivo de reducción de las pensiones, llamado “contribución de sostenibilidad”, que sustituía a una tasa de solidaridad temporal más onerosa. La nueva contribución establecía una tasa en varios rangos, del 2 % a aquellas pensiones que cobraban entre 1.000 y 2.000 euros al mes, que sube al 3,5 % en las de hasta 3.500 euros. El Ejecutivo luso tenía previsto recaudar unos 370 millones de euros al año con esta medida, frente a los 660 millones que ingresaba con la tasa temporal.