S&P considera ya la deuda Argentina en suspensión de pagos selectiva

La agencia de calificación Standard & Poor's considera ya una parte de la deuda de Argentina en suspensión de pagos. La firma estadounidense no ha esperado a la hora límite establecida (las cinco de la tarde en Nueva York, las once de la noche en la España peninsular) y unos minutos antes ha decidido la suerte de una parte de los bonos del país en manos de los fondos buitre: ha calificado 539 millones de dólares en suspensión de pagos selectiva (categoría SD), desde su anterior posición, CCC-.

Este cese de pagos solo afecta a 539 millones de dólares (no ha toda la deuda soberana) que no han llegado a hacerse efectivos por estar retenidos en el Bank of New York Mellon (BoNY) por recomendación del magistrado que instruye el caso entre Argentina y los fondos especulativos, el juez Thomas Griesa.

Desde Standard & Poor's han argumentado en un comunicado que, después de vencer hoy el período de gracia de treinta días del que disponía el Gobierno de Argentina para que el dinero llegara a los bonistas, se produce este 'default selectivo' que no afecta a otros acreedores.

"En caso de que Argentina llegara a sanear el incumplimiento del pago de los bonos reestructurados, entonces podríamos revisar nuestra calificación en función del riesgo residual de litigios a los que se enfrente el país, de su acceso a los mercados de deuda internacionales y de su perfil de riesgo general', añadió.

La agencia de calificación ha realizado esta comunicación cuando todavía no se conocía el resultado de la reunión que han mantenido los representantes del Gobierno argentino y los fondos buitre en Nueva York, que trataban de llegar a un acuerdo sobre el pago de los bonos que vencían hoy, que Argentina debía abonar tras la sentencia de la justicia de Estados Unidos.

Un grupo de bancos argentinos trataba, horas antes del límite temporal establecido para llegar a un pacto, de evitar la suspensión de pagos a través de un aval al Gobierno de Cristina Fernández Las 27 entidades financieras que integran la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) ofrecieron a los llamados fondos que reclamaban la compensación una garantía de aproximadamente, 250 millones de dólares para que estos acreedores soliciten al juez una prórroga en la sentencia que obliga al Gobierno argentino a pagarles 1.500 millones de dólares (1.121 millones de euros).