Los mayores de 65 años no tributarán por venta de activos si lo destinan a pensión

El Gobierno aprovecha la reforma fiscal para incentivar los planes de ahorro que complementen las pensiones de jubilación. Los mayores de 65 años que vendan activos, ya sea un inmueble o unas acciones, quedarán exentos de tributar por las plusvalías que obtengan si destinan estas rentas a algún producto que les otorgue una renta vitalicia que sirva para reforzar sus ingresos una vez retirados. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que esta ventaja se aplicará de forma proporcional, igual que las deducciones por vivienda habitual: si se reinvierte el total del dinero obtenido por la venta en ese producto de renta vitalicia, la exención fiscal afectará al total de la plusvalía y, si de destina la mitad de lo ingresado, lo que quedará libre de tributación será la mitad de esa plusvalía.

La medida se enmarca en el objetivo de fomentar los colchones alternativos, al igual que un trato más ventajoso los planes individuales de ahorro: antes sus rendimientos solo tenían ventajas si el plan se mantenía durante una década y ahora ya se podrán rescatar a los cinco sin sufrir ninguna penalización.

La nueva figura de exención para las plusvalías fue anunciada este miércoles por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, durante un encuentro informativo organizado por El Economista. “Es perfectamente oportuno en este momento que los mayores de 65 años tengan la capacidad de hacer líquido cualquier bien material que tengan para dedicarlo a una renta vitalicia que complemente su pensión”, señaló, según las declaraciones recogidas por Europa Press.

Hacienda no tiene un cálculo del impacto de la medida en tanto que depende las de operaciones financieras de la población mayor de 65 años, un dato del que es bastante difícil hacer una proyección año a año.

La otra medida para fomentar el ahorro es la que mejora el trato de los vehículos llamados Planes de Ahorro Sistemático (PIAS), que se introdujeron en 2006 y operan como un seguro de vida que ofrece una renta vitalicia a partir de los 10 años. Los rendimientos de estos productos son rendimientos de capital mobiliario y tienen ventajas progresivas en función de la edad: la tributación oscila del 40% apara los más jóvenes (menores de 40 años) hasta el 8% para los de mayor edad. Antes, esta ventaja solo era posible si el contribuyente mantenga estos PIAS al menos 10 años, pero el Ejecutivo lo reduce ahora a cinco.

El Gobierno aprobará la reforma tributaria el próximo viernes

La necesidad de combinar el sistema público de pensiones —castigado por los menores ingresos como consecuencia del paro— con planes privados figuraba en las recomendaciones de los expertos para la reforma de pensiones. Porque, además del problema coyuntural de la falta de ingresos por la reducción el número de cotizantes, las proyecciones demográficas también alertan de que el envejecimiento de la población dejará cada vez menos ocupados para paragas las pensiones de los retirados, además de que la reforma mermará el poder adquisitivo de los pensionistas.

En este sentido, el comité de sabios que elaboró un documento de propuestas para la reforma fiscal planteaba que las pensiones se pudieran financiar con los ingresos por otros impuestos y no solamente por las cotizaciones de los trabajadores. Su propuesta señalaba que “una devaluación fiscal exige revisar el sistema actual de fuentes de financiación de la Seguridad Social, bien para incorporarle otras vías de financiación o bien para sacar del mismo algunas partidas de gasto”.

Los planes de ahorro se podrán rescatar antes sin perder incentivos

Sin embargo, el Gobierno no adoptó medidas en este sentido. También el Banco de España defendió hace unos días lo “conveniente” de incentivar el ahorro privado para la jubilación. El supervisor resaltaba en su último boletín que, según los cálculos que hizo en su día el Gobierno, una persona que se jubile dentro de 11 años cobrará un alrededor de un 3% menos que un jubilado actual en las mismas circunstancias.

En este contexto, las medidas conocidas el miércoles no han gustado a los sindicatos. “La solución no está en que la gente se busque la vida”, dijo el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. Por su parte, Cándido Méndez, de UGT, interpretó que con estas medidas el Ejecutivo admite que las pensiones van a menguar en los próximos años.

El Gobierno aprobará estas exenciones el viernes en el Consejo de Ministros dentro del paquete de la reforma fiscal, que esta semana también ha sufrido cambios en cuanto a las indemnizaciones por despido, unas de las medidas más polémicas. El Ejecutivo ha optado por elevar el umbral de la tributación para indemnizaciones por despido hasta los 180.000 euros, en línea con el marco de Navarra, lo que deja libre al 99,9% de los casos de despido, mientras que la intención era eximir de pagar impuestos las compensaciones de hasta 2.000 euros por año trabajado.