Bruselas amonesta a España por la reforma fiscal

Bruselas se quejó primero por no haber sido consultada. Y hoy ataca a España con notable dureza: la Comisión Europea defiende "algunos aspectos" de la rebaja de impuestos anunciada por el Gobierno, pero en líneas generales suspende el núcleo de la anunciada reforma. Las críticas superan, con mucho, los parabienes. Y van por tres flancos. Uno: la Comisión subraya que España no ha seguido la recomendación de subir el IVA y a cambio recortar las cotizaciones sociales, lo que a la larga puede terminar en algo más que un tirón de orejas con las reglas fiscales europeas en la mano. Dos: censura el incremento de deducciones, que va en dirección contraria al objetivo declarado de simplificar el modelo impositivo. Y, sobre todo, tres: las medidas anunciadas “harán más difícil que España cumpla los objetivos de consolidación fiscal”, según el brazo ejecutivo de la Unión Europea, que contradice así al ministro Cristóbal Montoro, que esta misma mañana aseguraba que la reducción de impuestos “no va a suponer menos recaudación”.

La Comisión avisa de que no tiene aún todos los detalles de la reforma fiscal del Gobierno español, pero lanza una advertencia de calado: Bruselas “analizará cuidadosamente” el cumplimiento de los objetivos fiscales. España cuenta con que Francia e Italia relajarán la presión de las reglas fiscales que aplica Bruselas, y espera que la recuperación se afiance y con eso se compense la reducción de ingresos en las arcas del Estado. Pero a la vez, Madrid está bajo el procedimiento de déficit excesivo de Bruselas, y pese a que ha salido del rescate financiero sin más ayudas tanto la Comisión como el Banco Central Europeo examinan cuatro veces al año el estado de salud de la economía española, en una tutela de baja intensidad que se puede volver contra Madrid si al final la reforma fiscal provoca menos recaudación y, por tanto, dificulta la reducción del agujero fiscal.

"Todavía no hay información suficiente sobre la reforma como para hacer una evaluación a fondo. Algunas de las medidas anunciadas no están completamente definidas y su impacto fiscal no se ha especificado”, critica con suavidad la Comisión en un comunicado del departamento que dirige el vicepresidente Olli Rehn. Pero Bruselas es consciente de que España tiene una de las presiones fiscales más bajas del continente (siete puntos de PIB por debajo de la media). Un déficit público que cerró el año pasado por encima del 7% del PIB. Y una deuda pública que se encamina a toda velocidad hacia el listón del 100% del PIB.

Esos son los tres factores que dificultan el cumplimiento de la promesa electoral de impuestos: en privado, fuentes de la Comisión expresan a las claras su “escepticismo” respecto a la dirección de los cambios fiscales, atribuyen las rebajas anunciadas “a la cercanía de las elecciones” y subrayan que si se confirman las líneas generales apuntadas, España podría volver a tener problemas si cae la recaudación, con un déficit estructural (más allá de los vaivenes del ciclo) tan abultado.

Aun así, la Comisión destaca “algunos elementos positivos” de la reforma: “Los recortes de impuestos sobre la renta reducen la presión fiscal de los trabajadores, y hay un esfuerzo por ampliar la base del impuesto de sociedades”. Tras ese escueto párrafo sobre los aspectos favorables, hay tres más que combinan las advertencias con una evaluación negativa. Nada grave en un momento en el que España se financia con comodidad en los mercados de deuda y con la Comisión más pendiente del cambio de guardia en las instituciones europeas. Aunque tanto la Comisión como el BCE avisan desde hace tiempo de que esa bonanza puede ser pasajera y podrían volver los problemas si los mercados tienen dudas. Bruselas, claramente, las tiene.