Las razones del cambio económico de Fernández

La decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de arribar este miércoles a un acuerdo para que Argentina salga de los 12 años de suspensión de pagos con los países ricos del Club de París no es aislada. Se inscribe dentro del giro hacia cierta ortodoxia de un Ejecutivo que sigue manteniendo políticas económicas heterodoxas, lejanas a la receta neoliberal, pero que ha optado por corregir errores de los últimos siete años que lo han llevado al estancamiento del PIB. El pacto es un paso importante pero no el único necesario para que EE UU deje de votar en contra de créditos para el país sudamericano en los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID). También enciende una luz de esperanza de que Argentina recupere inversión extranjera, que el año pasado cayó un 25%. En concreto, el ministro de Economía, Axel Kicilloff, pronosticó llegada de capitales para explotar con fracking (fractura hidráulica) el yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta. No obstante, uno de los gurúes del pensamiento económico heterodoxo de Argentina y exfuncionario kirchnerista, Aldo Ferrer, descartó que este acuerdo provoque una “avalancha de dólares” a su país.

Después de la derrota electoral del kirchnerismo en los cinco principales distritos de Argentina en las elecciones legislativas de octubre pasado y ante la creciente escasez de divisas que sufría el país, el Gobierno de Fernández nombró en noviembre pasado como ministro de Economía al neokeynesiano de izquierda Axel Kicillof y como presidente del Banco Central a Juan Carlos Fábrega, con extensa experiencia en la banca estatal y que se ha apoyado en su nueva función en tecnócratas más liberales de la plantilla de la autoridad monetaria. Con algunas supuestas diferencias entre ambos, que han sido desmentidas por el jefe del Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, pero que han impactado en los mercados durante mayo, Kicillof y Fábrega han aplicado una serie de medidas para enderezar el rumbo de la economía y evitar una debacle que pusiera en dificultades graves el último año y medio de Gobierno de Fernández : en 2014 Argentina devaluó el peso, liberalizó algunos controles de cambio aplicado desde 2011 ante la escasez de divisas, subió los tipos de interés, recortó ciertas subvenciones a los servicios de agua y gas, indemnizó a Repsol por la expropiación del 51% de YPF, corrigió las cuestionadas estadísticas de inflación y PIB y ahora selló el acuerdo con el Club de París. En las últimas semanas el Gobierno y el Banco Central negaron rumores de peleas entre Kicillof y Fábrega que supuestamente obedecían a que el ministro de Economía querría bajar los tipos para evitar un mayor enfriamiento de la actividad económica y que el gobernador de la autoridad monetaria pretendería que se volviese a depreciar la moneda y que el Ejecutivo recortase más y cuanto antes los subsidios, como los de la electricidad, para ajustar el gasto público y contraer así la inflación. Algunos inversores habían comenzado a dudar en las últimas semanas de la continuidad del giro ortodoxo del Gobierno argentino, habían vuelto a dudar de Kicillof, pero ahora el ministro los ha sorprendido con el acuerdo por la deuda.

El cóctel de medidas económicas adoptadas este año, si bien han sido elogiadas por economistas independientes e inversores especulativos, también ha derivado, sobre todo por la devaluación, en un crecimiento de solo 0,5% en el primer trimestre, en la inflación más alta en 11 años de kirchnerismo, del 33% anual, y en un alza de la pobreza admitida hasta por una de las dos centrales sindicales que apoyan a Fernández. Una muestra del agravamiento de la situación social fue la manifestación de este jueves de miles de militantes de Barrios de Pie, un colectivo de vecinos de barrios pobres que están enrolados en el opositor Frente Amplio Unen. La marcha fue reprimida por la Policía Federal, que detuvo a dos manifestantes por presuntas agresiones a uniformados e hirió a otros tres. Barrios de Pie apoya la candidatura presidencial del socialista Hermes Binner paras los comicios de 2015, pero en la protesta de este jueves reclamaba al Gobierno de la peronista Fernández que elevara la nómina de los trabajadores cooperativistas beneficiados por el plan Argentina Trabaja, que alcanza a 246 dólares mensuales. No es habitual que las fuerzas de seguridad que responden al Gobierno de Fernández repriman manifestaciones, pero este año la jefa de Estado impulsa una ley que regule los piquetes en las calles.

"Al no pagar al club (de París), muchas agencias de crédito internacionales que querían invertir en Argentina, decían que se les complicaba darnos el financiamiento que les interesaba realizar. La expectativa es que aparezcan nuevos interesados en invertir en Argentina ", dijo el jueves Kicillof y citó el interés de petroleras por Vaca Muerta y de constructoras por la subasta para levantar presas. Las empresas multinacionales suelen recurrir a agencias estatales de crédito al comercio exterior para financiar operaciones, inversiones y contratos en el extranjero, pero en Argentina no fluía ese crédito por la suspensión de pagos al Club de París desde la crisis local de 2001. En Vaca Muerta ya hay varias petroleras foráneas instaladas, como las norteamericanas Chevron y Exxon Mobil, la angloholandesa Shell y la francesa Total. Precisamente, Francia y varias multinacionales han sido los principales impulsores del pacto. Al final de cuentas, los países acreedores aceptaron que Argentina se eximiera de una condición que siempre habían impuesto a los deudores: que el Fondo Monetario Internacional (FMI) les dictara un programa económico como garantía de que cumplirían con la refinanciación acordada. Las grandes empresas desean la financiación de sus países para invertir en Vaca Muerta y en obras eléctricas y no querían esperar a que los Gobiernos de sus países se sentaran a negociar con el próximo presidente argentino, que asumirá el poder en diciembre de 2015. Si bien el Club de París logró que Argentina se comprometiera a devolver los 9.700 millones de dólares debidos en cinco años, Kicillof logró una cláusula que podría extender ese plazo a siete si el país continúa con la escasez de divisas en el próximo año.

Argentina busca que el Banco Mundial y el BID les presten más. En ambas entidades EE UU es el mayor accionista y venía desde hace varios años oponiéndose a la aprobación de créditos a Argentina, que finalmente se autorizaban con el voto de otros países. Pero el rechazo del Gobierno de Barack Obama retrasa o dificulta la financiación. Fuentes diplomáticas norteamericanas explican que esa posición fue adoptada por tres razones: el impago al Club de París, en el que los principales acreedores de Argentina son Alemania, Japón, Holanda, Italia y EE UU; la falta de desembolso de las indemnizaciones sentenciadas en tribunales internacionales a favor de empresas estadounidenses contra Buenos Aires por quiebres contractuales; y la manipulación de las estadísticas públicas, que derivaron en la amenaza del FMI de aplicar sanciones como el cierre del grifo de eventuales créditos o la expulsión del país del seno del organismo. Los diplomáticos de EE UU destacan que Argentina el año pasado, antes de la llegada de la dupla Kicillof-Fábrega, pagó las indemnizaciones, pero advierten de que aún le resta terminar la normalización de su relación con el club y de las estadísticas. En concreto, el acuerdo parisino ahora deberá ser refrendado por pactos bilaterales entre Argentina y cada país acreedor, lo que supone un trámite más burocrático que problemático. Lo que no está claro es el veredicto del FMI sobre las nuevas estadísticas argentinas. El próximo viernes el organismo las someterá a revisión. No hay dudas de que la manipulación vigente entre 2007 y 2013 se ha terminado, pero hay economistas que siguen criticando una supuesta subestimación de la inflación, aunque no de la misma dimensión que la de antes. La directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, opinó este viernes que el acuerdo del Club de París beneficiará Argentina, pero abogó por que el Gobierno de Fernández continúe con la “normalización de su situación”.

A la semana siguiente del examen del FMI, el 12 de junio, el mismo día en que Argentina se paralizará por el inicio del Mundial, el Tribunal Supremo de EE UU decidirá si acepta discutir o no sobre el caso de la deuda del país sudamericano. Se trata del juicio que una minoría de acreedores privados, los llamados fondos buitres, ha emprendido allí contra Buenos Aires por el otra capítulo de la suspensión de pagos de 2001. La inmensa mayoría de los bonistas, en cambio, aceptó canjear el 93% del pasivo a pesar de las quitas que Buenos Aires les aplicó tras su crisis. Si el tribunal acepta la causa argentina, entonces el Gobierno de Fernández ganará tiempo. Si la rechaza, Argentina corre riesgo de caer en suspensión de pagos y Gobiernos como los de EE UU y Francia temen que una victoria de los buitres resulte un mal antecedente para futuras reestructuraciones de deuda.

La resolución de ese caso judicial será clave para la llegada de capitales a Argentina, que está beneficiándose del resurgimiento que este año están protagonizando los activos de los mercados emergentes. El acuerdo del Club de París colaborará en ese sentido. El economista Ferrer, exdirector de la petrolera estatal Enarsa y exembajador argentino en Francia durante el kirchnerismo, destacó en la emisora Latina que el pacto “fortalece la capacidad del Gobierno de profundizar un ordenamiento de la economía para sostener la política de desarrollo nacional decidida por los argentinos, y no por los mercados, sin la participación del FMI", pero alertó de que sus compatriotas deben “evitar la ilusión de que esto va a provocar una avalancha de dólares y de que los temas pendientes, como la inflación, el tipo de cambio o la falta de divisas, se resuelve con esto". La inflación sigue alta, las expectativas de nuevas devaluaciones aún no se han disipado y el superávit comercial se reduce por las crecientes importaciones de energía.