El maná latino de las infraestructuras

América Latina necesita invertir en infraestructuras en torno al 6% del PIB regional para acompañar el crecimiento económico que está registrando en los últimos años. Pero “invertimos muy poco”, afirma Antonio Juan Sosa, vicepresidente de Infraestructuras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en torno a 145.000 millones de dólares anuales. La región apenas si destina el 3% de su riqueza a construir carreteras, redes de metro, logísticas, de agua potable, eléctricas, de telecomunicaciones, etcétera, un porcentaje que casi no ha variado en los últimos años.

“América Latina se enfrenta a una oportunidad única para desarrollarse ahora y dar un salto cualitativo en las próximas décadas. Sin infraestructuras no se puede generar calidad de vida, puesto que ellas apoyan el crecimiento de la economía y la competitividad de las empresas. Si no hay competitividad no será sostenible en el tiempo ese crecimiento”, vaticina el vicepresidente de CAF, entidad que destina el 54% de su cartera de préstamos al desarrollo de este tipo de equipamientos básicos. Más de 50.000 millones de dólares entre 2000 y 2013.

José Manuel Moral, miembro del consejo asesor de Abertis, coincide en el diagnóstico. “El problema de América Latina, cuya economía crece una media del 4,5%, es que destina menos del 3% del PIB a infraestructuras; frente al 9% de China, que crece al 7%, o al 7% de India, que lo hace al 5,7%”. “Solo si la región genera infraestructuras formará parte del desarrollo global”, afirma Moral, en la creencia de que no hay que hacer este tipo de obras “al servicio de los Gobiernos sino de las empresas y los ciudadanos”.

Y es que, según Sosa, “el avance de las infraestructuras latinoamericanas en los últimos tres años es poco satisfactorio”. Las áreas más débiles, donde los progresos han sido más limitados, son las carreteras (“parece mentira que las primeras carreteras para conectar la región se hayan hecho en el siglo XX”, se queja), los ferrocarriles y las redes de agua y saneamiento. “Son las que necesitan una atención prioritaria”, sostiene. En puertos y aeropuertos el avance es moderado, tal y como se desprende del informe La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina (IDeAL2013) de CAF, que refleja que la mejora más relevante se ha producido en las áreas de energía y telecomunicaciones.

La debilidad institucional y la corrupción están en el transfondo de este escaso desarrollo, admite CAF. Una endeblez que afecta a la poca planificación a largo plazo de las necesidades de infraestructuras por parte de los Gobiernos; la pobre ejecución y mantenimiento de las mismas (Colombia, Perú y Brasil seleccionan de forma rigurosa los proyectos que acometen); la poco estructurada colaboración público-privada (dos tercios de las infraestructuras de América Latina son públicas y el resto privadas, con Chile, México, Brasil, Colombia, Panamá y Perú como principales artífices de las concesiones a largo plazo. Y Paraguay, que quiere empezarlas) y la escasa consideración de los criterios de sostenibilidad y participación ciudadana que rodea los desarrollos.

La región debe duplicar los 145.000 millones invertidos en obras cada año

“En América Latina la deficiencia es la falta de proyectos. Hay muchas ideas, pero pocos proyectos planificados”, indica Miguel Jurado, director de construcción de FCC. Todos estos problemas repercuten en los desarrollos, que acumulan importantes retrasos y sobrecostes. Sobre una muestra de 258 proyectos, cuyo volumen de inversión previsto era de 90.000 millones de dólares, CAF ha comprobado que el aumento de la inversión osciló entre el 20% registrado en las carreteras y el 45% en los ferrocarriles. “Es muy difícil estimar el valor preciso de las pérdidas por baja productividad en la inversión en infraestructura (...), pero es claro que se trata de valores muy altos”, sostiene el banco de desarrollo en su informe.

Por eso, para empresas españolas como Iridium, “las claves para la puesta en marcha de grandes estructuras básicas en América Latina son: estabilidad económica y social, confianza de los mercados de capitales para financiarlas, la creación de un marco legal para atraer inversión extranjera (tal y como están haciendo Uruguay, Colombia y Paraguay) y la transparencia en la licitación de las obras”, explica Salvador Myro, director de desarrollo de la compañía del Grupo ACS.

Y existen claras diferencias entre unos países y otros. Entre los miembros de Mercosur y los de la Alianza del Pacífico, según Miguel Jurado. “México, Perú, Panamá y Paraguay necesitan reglamentos que desarrollen sus leyes de infraestructuras. El marco regulatorio es fundamental para que los cambios de Gobierno no afecten a los proyectos de infraestructuras. La Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México) nos da garantías a las empresas para poder invertir con estabilidad. Y Panamá, cuyo nuevo presidente va a continuar con el plan de infraestructuras”, explica.

Perú es el ejemplo de país que está apostando con fuerza por la inversión en infraestructuras y por dar entrada a la iniciativa privada, española en muchos casos, pues como dicen los responsables de CAF, el saber hacer y la tecnología española son formidables, de ahí que participe en infinidad de proyectos de la región y asesore en otros tantos. De hecho, Sacyr acaba de entrar esta semana en el país. Le sigue Colombia, en opinión de Sosa; Ecuador (donde los desarrollos son públicos), y Paraguay, “que estaba un poco dormido y está despertando con el nuevo Gobierno”, mantiene.

“Es una aspiración que la inversión en infraestructuras llegue al 5%-6% del PIB de América Latina. Tendrá que conseguirse a largo plazo. Pero lo que sí es posible es que dentro de poco nos acerquemos al 4%”, sostiene el vicepresidente de Infraestructuras de CAF, quien piensa que el peso relativo de la clase media en la región y la creciente apertura comercial que están adoptando algunos de los países impactan en la demanda de equipamientos básicos y alertan sobre la necesidad de acelerar su ritmo de ampliación y mejora.

En 2011 el transporte suponía un 48% de las inversiones de la región; el sector de energía, el 25%; las telecomunicaciones, el 20%, y el sector del agua, el 7%.