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GOBIERNO CORPORATIVO

Las empresas tendrán que marcarse su propio objetivo de mujeres en el consejo

El Gobierno evita imponer un sistema de cuotas para fomentar la igualdad

La nueva norma también obliga a contar con el visto bueno de la junta a la política de salarios

Santamaría y Guindos, antes de iniciar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Santamaría y Guindos, antes de iniciar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley que modifica los requisitos que deberán cumplir las empresas en materia de buen gobierno. Dentro de esta iniciativa, el Gobierno obligará a las sociedades a autoimponerse un objetivo mínimo de mujeres para fomentar la igualdad en los consejos de administración, un mundo que sigue dominado por los hombres.

Según explica Economía en un comunicado, "la comisión de nombramientos y retribuciones establecerá un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborará orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo".

A este respecto, el proyecto de ley calca la propuesta que salió de la CNMV salvo en lo tocante a igualdad, donde el regulador no hacía un planteamiento claro de cómo podría fomentarse la presencia de mujeres en la alta dirección. Así, frente a la ambigüedad del organismo que preside Elvira Rodríguez o la aspiración a una políticas de cuotas de otros países como Alemania, el Gobierno se da por satisfecho al obligar a las empresas a que sean ellas mismas las que digan con cuántas mujeres van a contar en sus máximos órganos de gobierno. También, con que expliquen cómo van a hacerlo.

El ministro ha explicado que han optado por esta opción en consonancia con la directiva europea que ahora mismo está en análisis. "Las empresas van a tener que retratarse y tomar medidas para favorecer la igualdad en los procesos de selección, tanto en lo tocante a la alta dirección como en los consejos", ha afirmado Guindos. Sin embargo, más allá de la mala imagen de la que habla el responsable último de la ley, el incumplimiento no conllevará ningún tipo de sanción administrativa o económica.

Según denunció recientemente la propia Elvira Rodríguez, todavía hay "tres empresas del IBEX (Gas Natural, Sacyr y Técnicas Reunidas) que no cuentan aún con ninguna consejera". Según resumió, "la presencia de consejeras en cargos ejecutivos sigue siendo significativamente escasa".

Según datos recabados por este periódico de los 114 grandes grupos o empresas del país, la presencia de las mujeres en los consejos de administración apenas llega al 10,5%.Si el análisis se restringe a las firmas del Ibex, el porcentaje llega al 16,6%.

Consejeras fuera del núcleo duro

Además, hay que recordar que buena parte de ellas no forman parte del núcleo duro que toma las decisiones del día a día de las empresas, ya que o son independientes o son dominicales (representan a los accionistas significativos). Es más, las consejeras ejecutivas se pueden contar con los dedos de las manos: Ana P. Botín (Banco Santander), María Dolores Dancausa (Bankinter), Eva María Castillo (Telefónica), Encarnación Sánchez (Codere), Ascensión Vivancos y Elena Bea (Corporación Dermoestética), Helena Revoredo (Prosegur) y Raquel Santamaría (Reyal).

En cuanto al resto de medidas incluidas en el proyecto, norma que modifica la ley de sociedades de capital y obligará a todas ellas, hay otras iniciativas ya conocidas. Entre ellas, destaca que las empresas deberán recabar cada tres años la autorización de las juntas a su política de remuneración. Junto a ello, los accionistas deberán votar de forma separada las propuestas de acuerdo en aquellos asuntos que sean "sustancialmente independientes". En el mismo orden de cosas, la nueva ley da capacidad de decisión a este órgano sobre las operaciones en las que el volumen supere el 25% del total de activos del balance.

Por otra parte, las empresas tendrán que publicar en su memoria de cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores, una medida que Guindos aseguró que "va en la buena dirección", dado que son "inaceptables" los retrasos que se producen en algunos casos.