Los funcionarios franceses salen a la calle por los ajustes y la congelación salarial

Dos años después de que François Hollande llegara al Elíseo, el escenario político francés ha dado la vuelta como un calcetín y los votantes que dieron al triunfo a la izquierda se han echado a la calle para protestar contra la política del Gobierno socialista. Enfermeras, profesores, bomberos, policías y médicos afiliados a siete sindicatos distintos de empleados públicos se manifestaron este jueves en 110 ciudades del país contra la congelación de los salarios de la administración, mientras Fuerza Obrera convocó en solitario una huelga que causó perturbaciones menores en las escuelas y los aeropuertos.

Una nutrida manifestación, adornada con globos y punteada por numerosas banderas rojas, recorrió el barrio de Montparnasse de París en representación de los 5,5 millones de funcionarios estatales, regionales y sanitarios afectados por el plan de ahorro de 50.000 millones aprobado por el Gobierno y refrendado por el Parlamento hace diez días. Los líderes de los sindicatos mayoritarios, entre ellos la central excomunista CGT y la socialista CFDT, subrayaron que los funcionarios no aceptarán la nueva congelación de salarios, que prolonga una situación que comenzó en 2010. En Marsella, Niza, Nantes, Lille, Burdeos, Toulouse, Lyon, Estrasburgo, Orleans y otras muchas ciudades registraron manifestaciones más pequeñas, que reunieron de media a unas 3.000 personas por ciudad.

La primera protesta masiva contra la nueva política económica que París ha pactado con Bruselas y Berlín coincidió con la publicación de los datos del Eurostat, que certificaron el crecimiento nulo de la economía francesa en el primer trimestre del año. Thierry Lepaon, líder de la CGT, achacó el estancamiento a la “excesiva moderación salarial”. Y Laurent Berger (CFDT) pidió al Gobierno que escuche “el malestar de los funcionarios, que en los últimos cinco años han visto degradarse mucho sus condiciones de trabajo”.

Desde Washington, el FMI salió en apoyo de Hollande, al afirmar que su compromiso de recortar el gasto público en 50.000 millones hasta 2017 pone a Francia “en el camino justo” para sanear sus finanzas. El informe anual del FMI sobre Francia considera, sin embargo, que los objetivos presupuestarios son “muy ambiciosos” y de cumplirse serían “un éxito destacable en relación con otros precedentes históricos”.