Francia recorta

Al presidente François Hollande le está ocurriendo algo parecido a lo que le sucedió a su predecesor, François Mitterrand: tras una primera fase de incremento del gasto público financiado con más presión impositiva, esta se ha demostrado insuficiente. Y ha tenido que recurrir, mediando el nombramiento de un nuevo primer ministro, el catalán de nacimiento Manuel Valls, a estabilizar el gasto social (jubilaciones y otras pensiones) y el gasto corriente (congelación salarial a funcionarios, reducción de las Administraciones), con lo que se pretende recortar en 50.000 millones de euros el total del gasto en tres años.

Resulta muy fácil criticar el recorte social, sobre todo tratándose del Gobierno de un partido, el socialista francés, que hizo del aumento de algunas partidas (sobre todo educativas, que de momento se respetan) bandera del cambio. Tan fácil como obvio e irónico, porque el programa económico de este Gobierno está en los antípodas de las bravatas proteccionistas, anti-globalizadoras y anti-Bruselas de su titular de Economía, Arnaud Montebourg.

Pero una cosa es el comentario coyuntural y otra el juicio de fondo. Tras haber sobrepasado su umbral de déficit máximo en 2013 —por dos décimas, hasta el 4,3%— y preverse el incumplimiento en los dos próximos años, a Francia le quedaban pocas alternativas. Bruselas ya había relajado en 2009 y en 2013 la senda de su déficit. Una tercera revisión habría resultado poco justificable y habría desatado sospechas de que el trato de favor para incumplir las reglas obtenido con el apoyo alemán en 2003 se había convertido no en excepción lamentable, sino en norma inaceptable de carácter permanente. Es decir, que el rigor de la ley comunitaria solo se aplica a los periféricos y no a los países centrales del euro. Es de esperar que la validez general de la norma se plasme también en el cuestionamiento del desequilibrio comercial excesivo de Alemania.

Por lo demás, los recortes anunciados no son radicales, y son socialmente asumibles si se explican bien, a diferencia de lo que sucedió en 2010 en España con un paquete similar lanzado por Rodríguez Zapatero. Y son explicables porque van asociados a una apuesta a favor de la empleabilidad, mediante el descuento de 30.000 millones en las cotizaciones sociales, lo que debe aumentar el empleo y reducir el paro —supera el 11% de la población activa—. Una apuesta que otros deberían imitar. España, sin ir más lejos.