¿Es peligrosa tanta deuda?
Además de incumplir las normas pactadas está el riesgo de la bola de nieve
La deuda pública española se encaramó en el primer trimestre al 96,8% del PIB. Debería bordear el 100% a final de año, llegando al 99,5%, según el Programa de Estabilidad actualizado. Para subir luego al 101,7% en 2015 y bajar al 98,5% en 2017.
¿Es esto peligroso? Veamos. La deuda casi se ha triplicado desde 2007, cuando era del 36,1%; que equivalga al 100% significa que iguala la producción económica española de un año; y si se quisiera cancelar de golpe habría que dedicar a ello los ingresos fiscales de tres años.
Jurídicamente, desbordamos el compromiso de Maastricht, que establecía un límite a la relación deuda/PIB del 60%. Durante mucho tiempo este criterio fue la asignatura “maría” de la convergencia, la que no importaba suspender en términos absolutos si se cumplía la condición de irla rebajando hacia el 60% a “ritmo satisfactorio”.
Pero la reciente reforma del Pacto de Estabilidad aprieta las tuercas: incumple quien supere el techo del 60% y en los tres últimos años no la haya reducido a razón de medio punto (0,5%) anual. No es seguro que la tolerancia actual dure siempre. Ni que se logre flexibilizar ese pacto, descontando del gasto la inversión pública: ojalá.
Pero si las reglas presupuestarias acordadas pretenden controlar las desviaciones inmediatas, a largo plazo la cosa puede ser complicada. Una acumulación continua de deuda (por embalsamiento de nuevos déficits) puede provocar el efecto bola de nieve, por el cual la velocidad a la que aumenta llega a ser incontrolable, por más que se recorten gastos o aumenten los impuestos. Se hace insostenible.
Un peligro para que esto sucediese sería el estancamiento o la caída del PIB: si se pagan más intereses de lo que aumentan los ingresos, si la deuda aumenta proporcionalmente más que la recaudación, se va haciendo menos sostenible. Pero si el PIB crece, sucede lo contrario.
La deuda sigue hoy sin ser sostenible. Para que lo sea, hay que generar superávit primario (ingresos menos gastos sin contar los financieros), y en 2013 no hubo superávit, sino déficit primario, del 3,3%. Y una vez cubierto ese requisito aún faltarían otros, como resume el profesor Albert Solé (“El llarg i dur camí cap a la consolidació fiscal”, www.ieb.ub.edu/files/Sole).
Es verdad que el gran alimento de la deuda, el déficit anual, se ha reducido en los últimos años, como abunda el trabajo citado. Pero ¿cómo? Gracias a los municipios, que lucen superávit del 0,4% en 2013. Y a las autonomías, que han mejorado desde un déficit del 5,2% del PIB en 2011 a otro del 1,5% en 2013. Mientras que la Administración central lo ha agravado en igual período desde el 3,5% al 4,3%. Resulta así bastante difícil de entender la permanencia de la retórica genérica sobre el presunto caos de las haciendas municipales —aunque algunas, efectivamente, derrochen— y la justificación de la reforma local en base a ello. ¡Cuándo son las únicas que, además, reducen su deuda global!
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